Banesto pide al juez que se inicie una investigación sobre facturas presuntamente falsas por 3.000 millones

El Banco Español de Crédito presentó ayer al juez Manuel García Castellón un escrito en el que solicita el inicio de una investigación sobre una serie de facturas que alcanzan unos 3.000 millones de pesetas, documentadas en las diligencias previas del caso Banesto. A las 26 facturas por valor de 2.032 millones descritas en la querella del fiscal contra Mario Conde y los ex administradores del banco se añaden otras 10 por 909,9 millones.

El escrito sostiene que "a lo largo de la instrucción del procedimiento [el caso Banesto] se han venido poniendo de manifiesto entre la documentación obrante en autos, una serie de facturas que al parecer no responden a servicios realmente prestados, por lo que constituyen lo que vulgarmente se conoce como facturas falsas". Banesto señala que en el informe de los peritos judiciales se destacan una serie de facturas, aparte de las contenidas en la querella criminal presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Las 26 facturas son:

-Factura de 153,4 millones que contabiliza supuestos servicios prestados por Agustín Muñoz Sobrino a Inmobiliaria Cala Meliá en 1988.

-Varias facturas por 112,7 millones giradas por Agustín Muñoz Sobrino a sociedades del grupo EUSA.

-Valyser giró facturas a Excem S.A., en 1989, por 49,9 millones y a Portic, de Jacques Hachuel, por 404,3 en 1990.

-Tres facturas relacionadas con el entramado oculto de Mario Conde. Una emitida por Inversiones Rondonópolis a Valyser por 48,9 millones. La segunda fue emitida por Servicios y Promociones Siracusa a Euman por 21,2 millones, en 1989, y la tercera girada por Longanor (Romani) el 30 de junio de 1993 a Valyser por 57,5 millones.

-19 facturas presentadas por el abogado Rafael Pérez Escolar a la inmobiliaria Construcciones e Inmuebles (Ceisa). El valor de estas facturas asciende a 527 millones. Dos fueron emitidas en noviembre y julio de 1989, 13 en 1990, y cuatro en abril de 1990.

-Una factura, de mayo de 1990, a nombre de la sociedad Cifuentes 2000, relacionada con la familia de Rafael Pérez Escolar. El destinatario fue también Ceisa y el valor fue de 112 millones.

-Una factura de H. Capital, sociedad de Hachuel, a Inmobiliaria Urbis por 1.008 millones, de abril de 1990, por "venta del derecho a adquirir el 45% de la propiedad de cuatro fincas".

-cuatro facturas de Martolinas y Servifilm, sociedades de Hachuel, por 508,5 milllones. Tres de abril de 1992 y la cuarta de mayo de 1992.

En la instrucción del caso Banesto, pendiente de la calificación del fiscal y de las partes personadas, y del auto de apertura de juicio oral, no se ha investigado, según Banesto, el presunto fraude de estas facturas. Por ello la entidad solicita al juez que deduzca testimonio al juzgado correspondientes para iniciar las diligencias.