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EL NUEVO GOBIERNO

El conservador García Calvo, principal candidato a fiscal general del Estado

El conservador Roberto García Calvo, de 53 años, fiscal de carrera y actual magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, es el principal candidato a sustituir a Carlos Granados como fiscal general del Estado. Fuentes jurídicas relacionan este relevo con una petición de CiU al PP, en las recientes negociaciones para la investidura presidencial de José María Aznar, de que "alguien pare" al fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. García Calvo dijo ayer que nadie le ha llamado, pero que el cargo le "encantaría".

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El relevo del actual fiscal general del Estado y su sustitución por un fiscal de carrera -Granados pertenece a la judicial- fue uno de los anuncios realizados por Aznar el pasado día 3, en su discurso de investidura. Personas conocedoras de la negociación PP-CiU aseguran que "se puso sobre la mesa la necesidad de que el nuevo Gobierno haga lo necesario para que alguien pare a Jiménez Villarejo, el fiscal anticorrupción".La actividad desplegada por esta fiscalía, cuyo titular ha sido durante muchos años fiscal jefe de Cataluña, preocupa a Jordi Pujol. Jiménez Villarejo y los fiscales a sus órdenes no han de investigar la corrupción judicial -el caso Estevill es el más notorio- y sus primeros pasos resultan prometedores contra los delitos económicos, sin excluir los cometidos en Cataluña. El compromiso aceptado por el PP de relevar a Granados se basa en que, aunque no cómodo para el Gobierno socialista, ha impulsado la Fiscalía Anticorrupción de modo no grato a CiU.

La ley de 24 de abril de 1995, que creó la Fiscalía Anticorrupción, deja en manos del fiscal general la decisión sobre los asuntos que debe asumir la misma, que, a partir de ese momento, puede actuar ante cualquier órgano judicial nacional. De ahí que la pieza clave sea el fiscal general. Uno de los candidatos para sustituir a Granados es el actual número dos de dicha Fiscalía General, José Aparicio Calvo Rubio, de 66 años, de pasado también muy conservador. Sin embargo, García Calvo ofrece más confianza al PP y es considerado más apto para neutralizar los afanes investigadores de Jiménez Villarejo. Antes de su regreso a la carrera fiscal, hace 11 años, García Calvo fue uno de los principales líderes ideológicos de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que procede la nueva ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.

Tras oponerse reiteradamente los socialistas a que formara parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP logró, en marzo de 1988, que el Senado le eligiera por dos votos de margen y con gran malestar del PSOE por su pasado franquista. Fue gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Almería en 1976, con el Gobierno de Carlos Arias Navarro. En octubre de 1995, al dimitir Marino Barbero como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el sector del CGPJ del que formó parte Mariscal de Gante logró que se designara a García Calvo, y no, al candidato progresista Santiaga Mir, prestigioso catedrático de Derecho Penal, como Barbero.

La designación del nuevo fiscal general no se producirá de inmediato, ya que, como ha recordado la ministra de Justicia, requiere el informe previo del pleno del CGPJ, que actualmente no puede reunirse por contar con menos de 14 miembros, quórum mínimo para celebrar plenos.

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