Bruselas empieza a admitir que Telefónica no tuvo trato de favor por la licencia de telefonía móvil

La Comisión Europea ha admitido por primera vez que la adjudicación de la primera licencia de telefonía móvil (GSM) a Telefónica sin concurso pudo ajustarse a la legalidad comunitaria. Así se desprende de una carta enviada a Telefónica a finales de abril por el comisarlo de la Competencia, Karel van Miert, en la que acepta que las inversiones improductivas realizadas por Telefónica para extender la red a todo el territorio se han de tener en cuenta a la hora de enjuiciar si ha tenido trato de preferencia frente al segundo operador, Airtel. El Gobierno . socialista adjudicó la primera licencia a Telefónica dentro del Contrato Programa con el Estado. Airtel pagó 85.000 millones de pesetas por la segunda.

Karel van Miert no reconoce explícitamente que le parezca correcto el método seguido por el Gobierno español para adjudicar las dos licencias de telefonía móvil, pero sí viene a admitir por primera vez que el principio seguido por el entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (el departamento encargado de las telecomunicaciones), José Borrell, tiene lógica. El comisario de la Competencia quiere ahora discutir con Telefónica la cuantía de esas inversiones y a partir de ahí la Comisión Europea replanteará su estrategia en este contencioso. Un portavoz del comisario restó importancia a la carta de Bruselas: "Se trata de verificar si efectivamente Telefónica ha realizado esas inversiones, o si son del antiguo monopolio. En todo caso, seguimos pensando que deberá ofrecer compensaciones a Airtel para igualar las condiciones de concesión de las dos licencias, como ya se ha hecho en el caso de la telefonía móvil en Italia".

Buena noticia para todos

De confirmarse esas primeras impresiones de Bruselas, esta sería una excelente noticia para el nuevo ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, aparentemente nuevo responsable de las telecomunicaciones. Sería también muy buena para el ya ex ministro José Borrell, que habría dejado una herencia menos conflictiva de lo que muchos han criticado. Y sería también buena para el nuevo ministro de Defensa, Eduardo Serra, hasta ahora presidente de Airtel, que no tendrá así el rubor de que los conflictos de su antigua empresa centren los debates en algún Consejo de Ministros.

La Comisión Europea exige que Telefónica y Airtel partan en igualdad de condiciones en el negocio de la telefonía móvil. Hasta ahora, esa igualdad de condiciones debía traducirse, en que el Gobierno devolviera a Airtel los 85.000 millones de pesetas que esta sociedad se avino a pagar para hacerse con la segunda licencia de GSM. O eso, o Telefónica debía otorgar a Airtel compensaciones por una cantidad semejante.

Las tesis de Bruselas siempre habían sido duramente contestadas por el Gobierno socialista. José Borrell se defendió ante Karel van Miert alegando que Airtel ya sabía las condiciones en que se había otorgado la primera licencia cuando salió a subasta la segunda y eso no le impidió presentar una oferta de 85.000 millones, muy por encima de la cifra de partida de 50.000 millones en la que el Gobierno situó el punto de arranque de la citada subasta. A su juicio, eso "parece demostrar que aún con esa aportación económica la iniciativa empresarial proyectada ofrecía perspectivas de rentabilidad razonable".

Una solución ilegal

La solución planteada por la Comisión Europea siempre ha sido considerada ¡legal por el departamento que dirigía José Borrell, al entender que la concesión de la licencia de GSM a Telefónica no era gratuita, sino que se negoció en el contrato programa firmado entre la compañía Telefónica y el Estado. "Si la. Comisión encuentra base jurídica para que el derecho comunitario prevalezca sobre el derecho interno y obliga a Telefónica a pagar, el Gobierno no se opondría. Siempre y cuando haya una base jurídica suficiente", espetó Borrell al término del último Consejo de Ministros europeos de Telecomunicaciones, el 21 de marzo pasado. Aquellas advertencias parecen haber hecho reflexionar a los funcionarios de Bruselas hasta acercarse a la conclusión de que, por una vez, las tesis de un Gobierno con fama de intervencionista pueden haberse basado en las reglas comunitarias del libre mercado.