Una historia en tres actos

Con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ayer, es la tercera vez que una investigación sobre los avatares del aval a Subirá y Compañía acaba en lo mismo: archivo por falta de indicios suficientes. La primera investigación corrió a cargo del fiscal Carlos Castresana -actualmente en la fiscalía anticorrupción-, siguiendo las indicaciones de Carlos Jiménez Villarejo -ahora fiscal anticorrupción-. Fue en el otoño de 1992. El aval de Subirá fue uno de los examinados en la fiscalía, que concluyó la in vestigación elevando una pro puesta al entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, para actuar contra el consejero de Industria, Antoni Subirá, y otro miembro del Gobierno catalán, además de otros cuatro ex consejeros.El fondo del asunto era, en opinión del fiscal, que los consejeros incurrieron en malversación de caudales públicos por conceder ayudas, en forma de avales públicos, de manera irregular a empresas y no recuperar despues lo prestado. Se daba la circunstancia de que algunas empresas destinatarias de los avales estaban controladas por familiares o amigos de altos cargos de la Administración catalana. Hernández se opuso a la propuesta de los fiscales de Barcelona y rechazó emprender 'acciones por algo que, según sus palabras, no era delito aunque desprendía "aroma de corrupción".

La segunda ocasión fue en el Juzgado, de Instrucción número 13 de Barcelona por un supuesto delito fiscal. En ese caso, Subirá no era el objeto de la investigación de forma directa. Lo que juez y fiscal miraban era una irregularidad fiscal en la transacción de la sociedad utilizada para el pago del aval, Frisolca. Es decir, en los números de una sociedad inactiva que instrumentó el pago de los 58 millones de pesetas de la deuda del aval de Subirá y Compañía. El asunto también acabó en archivo.

La última, la zanjada por el auto de ayer, se inició por la denuncia de un particular que se limitó a aportar recortes de prensa por los polémicos avales. Otro juzgado de Barcelona, el de instrucción número 19, se hizo cargo del asunto y, para empezar, pidió el informe que la fiscalía de Barcelona envió dos años antes a Hernández. De todos los avales, el juez decidió separar el recibido por Subirá y Compañía e investigarlo. En noviembre de 1994,-el juez remitió el asunto al TSJC porque consideró que existían indicios de cohecho por parte del consejero. Este caso es el archivado por el Tribunal Superior, para el que sólo hay "suposiciones" o "conjeturas".