Oleada de peticiones de sociedades extranjeras para operar en el mercado de valores español

Alrededor de 500 sociedades extranjeras, la mayoría de ellas británicas, se han dirigido, desde el primero de enero, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solicitando reconocimiento para operar en España. Esta avalancha de solicitudes ha creado una situación singular, puesto. que si bien existe una directiva comunitaria que lo permite desde comienzos de este año, ésta aún no ha sido traspuesta a la legislación española. El proyecto de ley que lo hacía decayó al disolverse las Cortes para dar paso a las pasadas elecciones. Para intentar cubrir este vacío, la CNMV ha pedido a Economía que estudie la posibilidad de realizar un decreto-ley puente hasta que se retome y apruebe la futura ley.

La normativa comunitaria establece que, a partir del 1 de enero de 1996, "las empresas de servicios de inversión" pueden operar libremente, con el visto bueno de la autoridad supervisora de la nación de origen, en los países miembros. Y éstos debían haber adaptado su legislación seis meses antes. Sin embargo, esta armonización no se ha producido en Alemania, Francia, Italia, Austria.En España, tampoco se ha traspuesto totalmente, debido a que la ley encargada de la adaptación quedó sobre los escaños del Congreso de los Diputados cuando, el pasado mes de enero, el presidente del Gobierno, Felipe González, decidió disolver las Cortes y convocar elecciones generales.

Desfase legislativo

Este desfase legislativo ha provocado una situación singular: unas 500 sociedades extranjera, se han dirigido, desde principio, de año hasta ahora, a la CNMN con el visto bueno de la autoridad supervisora correspondiente para operar en el mercado español apelando a una norma comunitaria que aún no ha visto la luz en España. La procedencia mayoritaria de las peticiones es británica, aunque también las hay irlandesas, suecas, holandesas y danesas. La mayor parte de ellas son de tamaño medio o pequeño, dado que las grandes ya operan en España con sociedades específicas.A la vista de esta avalancha de solicitudes y del vacío legal, el organismo que preside Luis Carlos Croissier ha adoptado una doble decisión: analizar las solicitudes y consultar al Ministerio de Economía y al Consejo de Estado sobre qué solución legal provisional se puede arbitrar.

El análisis de la solicitudes ha desvelado que dos tercios de ellas apelan a lo que en la legislación comunitaria se denomina "cláusula de abuelaje" para operar en España. Esta cláusula dice que se puede operar en un mercado en el que ya se ha hecho con anterioridad. La práctica totalidad de las sociedades firmantes de estas solicitudes han recibido una carta de la CNMV en la que se les invita a demostrar tal actividad en el mercado español y se les recuerda que en caso de haber operado, lo habrían hecho de forma ilegal y, en consecuencia, se les podría sancionar. Ello ha producido una importante retirada en el número de aspirantes.

El tercio restante de las peticiones no recogen ningún argumento excepcional. En este caso, la Comisión de Valores se ha limitado a pedir detalles y concreciones adicionales.

En paralelo a estas decisiones, la CNMV ha empezado a sondear la posibilidad de establecer un decreto ley puente, que llene el inoportuno vacío. De momento, ha solicitado dos dictámenes técnicos, uno al Consejo de Estado y otro a los servicios jurídicos de Economía, para que aclaren las posibles vías de desbloqueo de la situación. Los expertos consultados estiman que de no arbitrarse una solución puente, el bloqueo legal podría extenderse hasta mediados de 1997.

Estos planteamientos coinciden con la reiterada petición de Croissier de que el futuro Gobierno incluya entre sus prioridades agilizar la reforma de la ley del Mercado de Valores. El texto que decayó al convocarse las elecciones contaba con un amplio consenso, tanto por parte de los partidos políticos como del sector.