Aznar, Pujol, Duran y los negociadores sellan hoy el pacto con una cena en Barcelona

Una cena en la cumbre en Barcelona sellará hoy el acuerdo entre el Partido Popular y Convergència i Unió. José María Aznar, Jordi Pujol, Josep Antoni Duran Lleida y los. jefes de ambas comisiones negociadores, Rodrigo Rato y Joaquim Molins, serán los comensales. No habrá, sin embargo, firma del documento que recoge el pacto que permitirá la investidura de Aznar como nuevo presidente del Gobierno. CiU considera que la aprobación por la ejecutiva del PP y por los consejos nacionales de CDC y de UDC, y la publicidad que se dará a su contenido, son suficientes para dotarlo de carácter oficial. Además, el documento será explicado y defendido por Aznar en el Congreso de los Diputados en su discurso de investidura.

La cena se celebrará en un hotel o en un restaurante, con la intención de que no sea un encuentro secreto y pueda ser recogido gráficamente. No se descarta que después de la investidura se celebre otra cena o almuerzo similar en Madrid, ejerciendo entonces de anfitrión el nuevo presidente del Gobierno.Ayer tarde, en Banyoles (Girona), Jordi Pujol pidió al pueblo de Cataluña que "valore con justicia los progresos que se están produciendo". "En los dos últimos meses", agregó, "se han producido cambios [en la actitud del PP] y por tanto no debemos temer que se intenten modificar los avances en aspectos tales como el despliegue de la policía autonómica y la política lingüística", informa Marta Costa-Pau.

Añadió Pujol que defenderá "con plena convicción" el pacto ante el consejo nacional de CDC que se reúne hoy, porque "lo que se ha hecho es lo que se debía hacer", y "pediré que le dé su apoyo". Sobre las desconfianzas que el pacto puede generar, dijo que las que se han producido "no están justificadas". La experiencia del pacto con el PSOE y ahora con el PP "debe hacer entender" a la opinión pública que CiU no está "para hacer la puñeta ni para destruir nada", sino para hacer "un juego leal" y para conseguir una estructuración del Estado "que no genere desconfianzas".

Las dos últimas sesiones negociadoras, el jueves en Madrid y el viernes en Barcelona, pasaron por momentos difíciles, según fuentes de CiU, porque los populares trataron de matizar acuerdos ya alcanzados.

El jefe de la delegación nacionalista, Joaquim Molins, amenazó el jueves con no apoyar el acuerdo ante el consejo nacional de su partido. Posteriormente el PP trató de que no todos los acuerdos quedaran, reflejados en el documento final, porque temía una fuerte reacción del PSOE. Tampoco esa sugerencia fue aceptada.

Fuentes de CiU precisaron ayer que el acuerdo sobre financiación -cesión del 30% de la base imponible del IRPF- no perjudicará a ninguna comunidad, porque el ingreso de más que proporcionará a algunas autonomías un mayor esfuerzo fiscal irá en todo caso en detrimento de la Administración central. Ese incremento de recaudación puede proporcionar a la Generalitat catalana entre 40.000 y 50.000 millones extras el primer año (1997), entre 70.000 y 80.000 el segundo, unos 120.000 el tercero, y unos 140.000 el cuarto. Pero se trata de proyecciones. Sí puede cuantificarse el acuerdo para Sanidad (desplazados y recorte del ahorro impuesto por el Gobierno socialista), que para Cataluña supone unos 23.000 millones de pesetas.

Las autonomías participarán en una agencia tributaria territorial, compartida con el Estado, para gestionar el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio (que ya está cedido). En el documento no se precisa en qué porcentaje participarán las comunidades en las agencias tributarías territoriales. Las autonomías podrán crear sus propias agencias tributarias para gestionar el resto dé los impuestos cedidos. Existe, en el caso de Cataluña, el compromiso de revisar algunas transferencias mal valoradas (policía, prisiones, normalización lingüística y Administración de justicia), lo que podría suponer unos 20.000 millones.

Con relación a la policía de Tráfico, el documento especifica que se "estudiará y negociará" para que la Generalitat asuma las competencias en materia de Tráfico. Según fuentes de CiU, queda claro que se reconoce que la Generalitat asumirá estas - competencias. Lo que no se especifica es con qué instrumento (Guardia Civil, Mossos u otro cuerpo) ejercerá la Generalitat esta competencia, que requerirá la modificación de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La transferencia a las autonomías de la gestión de los puertos implica que éstas nombrarán a la autoridad portuaria (presidente y director), fijarán las tarifas y tendrán mayoría en los consejos de administración. Se articulará un mecanismo compensatorio para que los puertos con beneficios contribuyan a enjugar el déficit de los demás. El PP se negó a transferir los aeropuertos porque, según fuentes de CiU, prevé privatizarlos al menos parcialmente.

La supresión del servicio militar obligatorio se llevará a cabo mediante una proposición de ley que elaborará una ponencia parlamentaria conjunta, que tendrá en cuenta los intereses defensivos de España y las disponibilidades presupuestanías, pero con el horizonte claro de culminar el proceso en el año 2001.

En el documento no figuran asuntos relacionados con la lengua catalana, como la presencia de las comunidades autónomas con lengua propia en la Unesco. Pero existe un acuerdo político para que el PP apoye la política de normalización lingüística y una eventual reforma de la ley del catalán de 1993. El PP balear, según las mismas fuentes, será el encargado de ejercer de puente con sus correligionarios de Valencia para limar las diferencias lingüísticas entre las autoridades valencianas y las de Cataluña.