55 días para un pacto

EL PACTO cerrado ayer -después de un tira y afloja que ha durado 55 días- entre los negociadores del Partido Popular y Convergència i Unió proporciona una base suficiente para que los dirigentes nacionalistas obtengan el consenso de los órganos de decisión de los dos partidos coligados y asegura así la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno. Pero es todavía demasiado pronto para medir el, alcance exacto de las modificaciones que producirá en el conjunto del Estado de las autonomías.Calificar de histórico este pacto es probablemente tan prematuro como minimizarlo o como levantar suspicacias sobre los efectos que vaya a tener para el mantenimiento de la cohesión social y territorial o la aparición de paraísos fiscales dentro de España. Es, en cambio, perfectamente legítimo y pertinente preguntarse y sobre todo preguntar al próximo presidente del Gobierno, José María Aznar, como lo ha hecho el presidente saliente 24 horas antes de cerrarse el acuerdo, sobre la justificación del nuevo sistema de financiación, su coste, las partidas presupuestarias que sufrirán un recorte para sufragarlo y el resultado final en términos de distribución de recursos. A todas estas preguntas tan escasamente aclaradas hasta ahora por los negociadores deberá responder Aznar en su discurso de investidura.

El capítulo más sustancial del pacto es la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero el baile de cifras, muchas veces desproporcionadas, ha desvirtuado en parte el propio carácter del acuerdo. Al principio de la negociación algunos dirigentes dé CiU se vieron tentados por la búsqueda de un pacto que significara casi exclusivamente un inmediato incremento de los recursos disponibles, para contribuir así a taponar la deuda y el déficit de la Generalitat, el más alto y más alejado del criterio de Maastricht de entre todas las comunidades autónomas. Finalmente se impuso la idea de obtener un sistema estable que consolidara el Estado autonómico y proporcionara nuevos instrumentos al autogobierno. Era más difícil, pero permitía albergar mayores expectativas de estabilidad al Gobierno de Aznar. El inicial pacto financiero se ha visto así acompañado de todo un conjunto de modificaciones, algunas de carácter muy simbólico, que facilitan la aceptación de la investidura por parte del electorado y las bases nacionalistas.

Este es el caso de la supresión de los gobernadores Civiles como representantes políticos del Estado y su transformación en altos funcionarios con menor rango protocolario y escasos medios de representación.Simplifica la Administración pública, no elimina la representación del Estado en las provincias y se corresponde mejor con la estructura del Estado autonómico. La transferencia de la competencia sobre, el tráfico -que seguirá vigilado por la Guardia Civil-, la adscripción de nuevos recursos a la normalización lingüística, la transferencia de las políticas activas del Inem o la gestión autonómica de los puertos forman parte de este paquete de acompañamiento. Ninguna de ellas parece, en principio, que vaya a romper elementos imprescindibles de la estructura del Estado, sobre: todo si se establecen las lógicas cautelas para mantener los sistemas de información, coordinación y solidaridad. Tampoco rompe nada sustancial, sino al contrarío: el acuerdo de supresión del servicio militar obligatorio en seis años -con el compromiso de, elaboración de la ley en dos años y de aplicación cuatro años más tarde-, que colma un elemento de enorme popularidad del programa de CiU.

Cumplir con Maastricht

Especialmente significativa es, sin embargo, la incorporación de un representante de las autonomías españolas como adjunto al representante permanente de España en la Unión Europea, concretamente en las reuniones del llamado Coreper (Comité de Representantes Permanentes), que se reúne semanalmente en Bruselas y constituye el órgano de seguimiento y de decisión cotidiana más importante de la UE. Este sí es un paso hacia la federalización del Estado, que elimina mediaciones inútiles entre unas comunidades autónomas con competencias afectadas por la legislación europea y las instituciones de la UE. No es un detalle insignificante que estos acuerdos autonómicos se vean acompañados por un serio compromiso de las dos fuerzas sobre la convergencia europea y la reducción del déficit público.En cuanto al núcleo del pacto, el nuevo sistema de financiación significa la ampliación del tramo del IRPF (impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas) cedido a las autonomías del 15% al 30%; la desaparición o neutralización de los topes de recaudación que limitaban en el sistema anterior la posibilidad de que a un mayor esfuerzo fiscal correspondiera una mayor recaudación autonómica; la capacidad normativa de las comunidades autonómas sobre los impuestos cedidos y compartidos, cuestión que permite desarrollar una cierta competencia, fiscal y que algunos descalifican con el temor a paraísos fiscales, y la participación de las autonomías en la Agencia Tributaria, en consonancia con la corresponsabilidad fiscal creada por el nuevo sistema.

El monto final de la operación y el incremento concreto en la financiación de cada comunidad en los dos primeros años de implantación del nuevo sistema, con ser importante, no forma parte de lo sustancial y será incluso mucho menor de lo que pintaban algunas evaluaciones precipitadas, aunque merece naturalmente las explicaciones pertinentes.

Una parte del acuerdo se desarrollará en la discusión de los Presupuestos de 1997 y otra necesitará probablemente plazos más amplios a lo largo de la legislatura. Hasta tal punto es difícil evaluar la dimensión económica exacta e incluso el buen funcionamiento del nuevo sistema que habrá que esperar a los resultados de recaudación efectiva (es decir, el esfuerzo fiscal de cada autonomía), a la vista del crecimiento real de la economía española, para sacar las cuentas exactas. En cualquier caso, las dos fuerzas políticas que suscriben este pacto están comprometidas seriamente con el cumplimiento de los compromisos de Maastricht y deben explicar con detalle la compatibilidad entre el acuerdo y el objetivo de reducción del déficit.

Aunque estamos ante un pacto de investidura con vocación de cierta duración, todo conduce a pensar que su desarrollo y seguimiento, principalmente en tomo a las negociaciones presupuestarias, serán tan importantes como la larga negociación ahora culminada. El PP y CiU no culminan en realidad un camino, sino que justamente lo empiezan.