González cree que aún se desconoce el coste real de la negociación autonómica

Siete semanas después de las elecciones del 3-M, José María Aznar no ha podido formar Gobierno. La razón es la compleja negociación en que se ha embarcado con los nacionalistas, sobre todo en materia de financiación autonómica. Felipe González mantiene la prudencia porque cree que no cuadran los números y aún no se conocen las cifras reales de la negociación. Hace días aconsejó al candidato a la presidencia que se limitara a alcanzar con los nacionalistas antes de la investidura un principio de acuerdo político.

La propuesta de González al recomendar al líder del PP que, postergue las precisiones políticas para cuando disponga del control del aparato del Estado, ya investido como presidente del Gobierno, no es aviesa. El propio González ha pedido que le hagan números en base a las propuestas negociadoras que se conocen sobre financiación autonómica y no le cuadran.No le salen, sobre todo, las Mentas referidas a Cataluña y está preocupado por los posibles desequilibrios que pueda generar la pretensión de otorgar capacidad normativa sobre el IRPF a las comunidades autónomas, según fuentes de la dirección socialista.

De ahí su prudencia, con la que también intenta exhibir un estilo político moderado para hacer más patente el contraste con el expresado por el PP desde la oposición en la pasada legislatura y en la propia negociación sobre financiación autonómica con CiU cuando ganó las elecciones de 1903. El propio Aznar, tres meses después de las elecciones, ya enarboló la bandera y acusó a González de someterse a las presiones nacionalistas.

El intento de encontrar un equilibrio entre corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial y el de poner de acuerdo a las 15 comunidades de régimen común, con grandes diferencias económicas entre ellas, es una operación casi tan complicada como imposible que explica la embrollada negociación de estos días. Y más aún si el modelo se complica al aumentar la cesión del IRPF desde el 15% al 30%, elevar los topes de recaudación y dotar de capacidad normativa a las comunidades autónomas. Esta preocupación está extendida en los ministerios socialistas.

Desde estos medios se recuerda cómo a González, una vez superada la investidura en julio de 1993 con un acuerdo político de principio con CiU, le costó todavía cerrar el pacto sobre financiación autonómica tres meses y tuvo que barajar cuatro fórmulas distintas, que fueron rechazadas, sobre todo por CiU. Al final consiguió el pacto, pero al precio de desengancharse tres comunidades de las llamadas "pobres", Galicia y Castilla y León, del PP, y Extremadura, del PSOE.

Además, la situación en las negociaciones, según se cree desde el PSOE, es más desfavorable para Aznar de lo que fue para González, en la medida que el presidente del PP trabaja sin contar con el apoyo del aparato del Estado. El PSOE negoció desde la experiencia de 10 años de Gobierno, con los ministerios a su servicio y, pese a todo, encontró muchas dificultades.

González pudo contar durante el proceso negociador, sobre todo, con el Consejo de Política Fiscal, y Financiera (CPFF), el organismo que reúne a los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y las representaciones de todas las comunidades.

Es más. Para el PSOE, la facilidad con que González y Pujol pactaron un principio de acuerdo en un mes, suficiente para permitir la investidura se debió a que ambos ya tenían asumido desde tiempo antes un acuerdo de principio sobre la cesión del 15% del IRPF. Pese a todo, cerrar el acuerdo definitivo en el CPFF le costó aún tres meses.

González contó con la ventaja de que el debate estaba sobre la mesa del CPFF desde enero de 1992. El padre de la idea era un dirigente del PSC-PSOE, Antoni Castells, al que no tardó mucho en sumarse el consejero de Hacienda de la Generalitat, el convergente Maciá Alavedra.

José María Aznar, una vez cerrado el pacto y alcanzada la investidura en los próximos días, va a encontrarse con el difícil reto de trasladar su acuerdo con CiU a comunidades con intereses, muy dispares, y con unos socialistas que gobiernan tres de las más pobres -Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía- y que ya empiezan a cargar la escopeta política.