¿Huho intimidación por parte de EL PAÍS?

Pablo Ordaz publicó el 17 de marzo pasado un importante reportaje, en el suplemento del domingo, titulado A morir, a casa, en el que abordaba el delicado tenia de los enfermos terminales y los problemas que dichos casos acarrean a los hospitales al ocupar un puesto que podría servir para un enfermo recuperable. "Cien mil enfermos de cáncer, de sida, de locura o de vejez incurable", escribía Ordaz, "mueren cada año en España con el alta en la mesilla de noche".Recogiendo testimonios varios, el reportero sacaba la conclusión de que lo ideal, cuando se puede, "es morir junto a la familia, a gente que te quiere, lejos de la disciplina cuartelaria de un hospital". Pero ¿y cuando eso no es posible y el hospital insiste en que el enfermo terminal debe dejar su cama?

El reportaje recogía uno de estos casos vivido en el hospital General Universitario de Guadalajara: el del enfermo José Ladislao H., en estado terminal de sida, a quien el hospital le había dado el alta "porque el enfermo ya no se puede curar y éste es un hospital de agudos", como afirmó José Manuel Morales, jefe de medicina interna del hospital. Pero la familia del enfermo alegaba que ellos no tenían la posibilidad de hacerse cargo del enfermo en casa, al mismo tiempo que los médicos del hospital reconocían que la sanidad pública española aún no ha encontrado la fórmula idónea para atender a este tipo de enfermos.

El reportaje, que había causado gran impacto, ha sido en parte contestado por Fernando Gracia Gasca, director provincial del Insalud de Guadalajara, que ha acudido al Defensor del Lector. "En el reportaje", afirma Gracia, "no hay nada que sea falso, pero la información es incompleta, porque no se hace mención clara y precisa de la situación familiar del enfermo y de su entorno socio-económico". Se refiere el director provincial a que el enfermo irrecuperable dado de alta tiene siete hermanos. Dicha falla de datos contrasta, según Gracia, con el lujo de datos del otro caso que se presenta en el Mismo reportaje, "cuando el redactor tenía todos los medios para conocer bien este caso", afirma. Se refiere Gracia al hecho de que el enfermo tiene un hermano que trabaja en el departamento de personal de EL PAÍS.

Por otra parte, añade el director provincial del Insalud, en el reportaje se hace mención a una denuncia presentada al juzgado por la propia familia del enfermo y enviada al juzgado por uno de los hermanos desde un fax de EL PAÏS, mientras se oculta la referencia al auto dictado el día 22 de febrero, casi un mes antes de la publicación del reportaje, por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Guadalajara favorable al hospital.

El director del Insalud de Guadalajara cree, además, que por parte de EL PAÍS se presionó de alguna forma al hospital ya que primero una periodista llamó interesándose por el enfermo alegando que se trataba del hermano de un trabajador de EL PAÍS, y después Pablo Ordaz se presentó en el hospital para hacer la información, en la que no se indicaba que el enfermo era el hermano de un trabajador del diario.

Pablo Ordaz, autor del reportaje cuyo tema fue considerado de gran impacto social y de interés nacional por los responsables de la edición del domingo, responde así a las quejas del director provincial del Insalud de Guadalajara: "El reportaje está construido a partir de 11 testimonios, entre los cuales el de José Ladislao no es ni el primero ni el más importante, aunque sí el más doloroso para su familia y el más incómodo para el hospital. De ahí que se ofrecieran más datos, por ejemplo, del caso de Mar, una mujer de 31 años que contó a cara descubierta su lucha contra el sida. En cualquier caso, los datos de José Ladislao que el director del Insalud echa en falta no se ocultaron a sabiendas, simplemente se desconocían. No fui informado de cuántos hermanos tenía el enfermo ni de que el juez desestimó la denuncia de la familia contra el hospital".

El hecho de que en el reportaje estuviera involucrado el familiar de un trabajador del diario plantea, más allá del caso en cuestión, un problema delicado y complejo de fondo para el periódico. ¿Es justo usar para montar un reportaje la información ofrecida por un trabajador del mismo acerca de una injusticia perpetrada contra un familiar suyo? Si un trabajador del diario cree haber sufrido personalmente o en un miembro de su familia un atropello, ¿deberá acudir a otro diario para denunciarlo por pudor a hacerlo en el diario en el que trabaja?

Algunos compañeros periodistas han confiado al Defensor del Lector que con frecuencia informaciones importantes sobre temas graves de injusticias sociales proceden de fuentes de familiares de periodistas que acaban revelándose interesantes. Pero es también verdad que la frontera entre estos casos y la tentación de aprovecharse del diario para resolver un problema personal o familiar es muy sutil y podría en algunos casos crear problemas a la credibilidad de la información misma, ya que no es un misterio que la simple amenaza de "salir en los periódicos" atemoriza.

¿Cómo comportarse en dichos casos? ¿Dónde está el límite entre lo lícito y lo ilícito? ¿Entre lo justo y el abuso? El Defensor del Lector ha pedido su parecer al director adjunto, José María Izquierdo, quien ha visto así el problema: "Como en tantas otras cosas, nada está escrito y pocos asideros tenemos los profesionales de la información para sometemos a reglas establecidas. Pero sí hay, cuando menos, un límite claro: el de la intimidación. Nunca jamás debe utilizar un periodista su condición de tal para presionar en busca de favores de cualquier tipo. Por muy humanas e incluso dramáticas que nos parezcan algunas situaciones, debemos ser conscientes de que nuestra primera responsabilidad es con todos los lectores, y no con nuestros familiares o amigos. Claro que se puede utilizar la información directa de un compañero o un familiar, pero de ninguna manera debe utilizarse de forma ventajista. En una primera aproximación para fijar una mínima norma de actuación, creo que sería muy saludable que en ningún caso se hiciera en el periódico información directa que afecte a un familiar de un trabajador. Y esta advertencia -seguro que en algún momento la excepción nos romperá el intento de regla- debe valer, también, para que todos los empleados del diario comprendan que no son beneficiarios de ningún privilegio por, el hecho de trabajar en EL PAÍS, excepto el de poder contribuir, desde el puesto que sea, a hacer cada día un periódico mejor. Ya en el caso concreto que nos ocupa, hay que reconocer que se silenció, cuando menos, un dato de absoluta relevancia para la información: la sentencia favorable al hospital. El desconocimiento alegado por el redactor sólo le exime de la mala fe, faltaría más, pero no de haber dejado incompleto su trabajo".

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector o telefonearle al número (91) 337 78 36.