El PP negocia traspasos con los nacionalistas que el Gobierno socialista rechazó durante 13 años

La profundización autonómica que el PP se dispone a emprender ante la necesidad de cerrar un pacto con nacionalistas catalanes y vascos abre un debate sobre la cohesión social más que sobre la constitucionalidad.Ninguna de las peticiones nacionalistas vulnera la Constitución, una vez que José María Aznar se ha comprometido a no sobrepasar el límite de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, algunas de esas demandas nacionalistas fueron rechazadas, por entender que amenazaban la cohesión social, durante 13 años por el Gobierno del. PSOE, y más concretamente por los hoy ministros en funciones de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y de Trabajo y Seguridad Social. José Antonio Griñán.

El PP tiene que lidiar las relaciones con los nacionalistas en un estadio muy desarrollado de la autonomía, rozando un núcleo duro de traspasos de competencias que el PSOE se ha resistido a ceder desde 1982. Este núcleo se concentra fundamentalmente en los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Obras Públicas y Transportes. Griñán y Borrell se han opuesto a las demandas autonómicas formuladas por Jordi Pujol y Xabier Arzalluz en sus respectivos terrenos durante la pasada legislatura y han mantenido polémicas, incluso, con los titulares de Administraciones Públicas, sobre todo con Jerónimo Saavedra, avalista de un desarrollo autonómico más profundo.Las competencias cuya negociación provocan un mayor recelo son, en el campo de Obras Públicas y Transportes, las de puertos y aeropuertos de interés estratégico, la revisión de la Ley de Costas y la ampliación de la participación en el fondo de cohesión de la Unión Europea. En el campo de Trabajo y Seguridad Social, el traspaso de la gestión de la Seguridad Social.

Puertos.

El PP está dispuesto a delegar esta competencia, pedida por los nacionalistas catalanes y vascos, a las comunidades autónomas, en aplicación de la Administración única. Borrell teorizó su oposición a dicha cesión por razones de eficacia económica en un discurso pronunciado, en mayo de 1994, en el Congreso Intemacional de Navegación Marítima. Borrell manifestó entonces: "Las transferencias de las competencias de gestión (le los puertos a las comunidades autónomas o Gobiernos regionales daría al traste con el logro ya alcanzado de la autosuficiencia económica-financiera del conjunto del sistema portuario, incluyendo las inversiones en grandes infraestructuras como diques de abrigo, dragados de primera instalación y de mantenimiento". Borrell dijo más aún: "La experiencia de la gestión autonómica de, los puertos transferidos ha puesto dé relieve el riesgo de que se aumenten los déficit financiados con cargo a los presupuestos públicos en contra de los criterios que, al menos formalmente, mantiene la Unión Europea, y de las exigencias,de contención del déficit público".

Aeropuertos.

El PP pretende liberalizar la red de aeropuertos nacionales (AENA) y por ello plantea trabas a ceder la gestión de grandes aeropuertos, como el de Barcelona o Bilbao, a las comunidades autónomas. Borrell teorizó su posición de mantener la red en manos de la Administración central por razones de equilibrio financiero en un debate en el Sena do en rnarzo de 1994. El ministro manifestó: ... tenemos que entender que la rentabilidad de los grandes aeropuertos del sistema tiene que ponerse al servicio del mantenimiento de los pequeños aeropuertos, que son estructuralmente deficitarios, considerados ido forma aislada, pero que es un error considerarlos así porque no lo están, sino que forman parte de -un conjunto, que intercambia valor de uno a otro".

Ley de Costas.

La revisión de esta ley de bases para ceder competencias a las comunidades autonómas en las costas es una vieja pretensión de Pujol. que encontró la oposición de Borrell durante la pasada legislatura y ante la que el PP no plantea trabas. La secretaria de Estado en funciones Cristina Narbona se ha opuesto a su revisión con la pretensión de salvaguardar el medio ambiente sobre los intereses urbanísticos. "Se trata de evitar que se vaya más allá en el deterioro de las costas. El 80% del litoral mediterráneo ya está urbanizado".

Gestión de la Seguridad Social.

El PP ha fijado un límite a la negociación del régimen económico de la Seguridad Social, una vieja reivindicación, sobre todo, de los -nacionalistas -vascos. No habrá ruptura de la caja única, asegura Aznar. Sin embargo, queda un margen de negociación, la cesión de la gestión, que los nacionalistas han puesto sobre la mesa. CiU y PNV admiten que lo que rompe la caja única es la recaudación, pero no el gasto. La opinión del actual secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, es reacia, incluso, a la cesión de la gestión a las autonomías. Una vez más, lo que hay sobre la mesa no es un problema de constitucionalidad, sino una forma de entender la cohesión social. Jiménez entiende que las tres patas del sistema -marco de cobertura de la Seguridad Social, su financiación y su gestión- forman un todo que es muy difícil trocear. Argumenta que en los Estados federales la Seguridad Social actúa como un factor decisivo de cohesión social y añade que en países como Bélgica, donde se ha separado la gestión, se ha terminado planteando la necesidad de romper la unidad de la Seguridad Social. "La Seguridad Social es un núcleo fuerte de la cohesión social en España", insiste Jiménez.

Inem.

El PP ya ha manifestado en la mesa de negociación que está dispuesto a separar en el Instituto Nacional de Empleo ,(Inem) lo que son las políticas activas de su promoción del pago de las prestaciones. Estas últimas serían competencia de la Seguridad Social (INSS) y las primeras podrían ser traspasadas a las comunidades. En este punto no habría conflicto s con los aún gestores gubernamentales.