El PP abre un expediente al diputado Bermúdez sobre su situación judicial

José Antonio Bermúdez Alonso, diputado del PP elegido el 3 de marzo por la provincia de Toledo, acudió ayer a la sede central del partido en Madrid para informar durante una hora y media al responsable de organización territorial, Juan Carlos Vera, sobre su situación judicial. Bermúdez ha sido acusado por la fiscalía de Talavera de la Reina de dos delitos: uno de prevaricación y otro de apropiación indebida de los dos millones de pesetas que pactó con una compañía aseguradora para la familia de un cliente que murió atropellado en 1989. Bermúdez expuso que no tiene conocimiento directo de haber sido acusado de esos dos delitos.

El comité de conflictos del partido, que hoy nombrará un instructor para investigar el asunto. le ha reclamado a José Bermúdez todos los, papeles del caso para. aclarar el expediente informativo que se le ha abierto "sin perjuicio de las resoluciones que en su día adopten los tribunales de Justicia". Si el PP concluye que políticamente puede existir alguna responsabilidad, Bermúdez será suspendido de militancia como prevén los estatutos. Algo que ocurriría de igual manera si los tribunales llegan a condenarle. Los diputados del PP han firmado un compromiso por el que renuncian a su escaño si son condenados, con lo que el puesto de Bermúdez sería ocupado en ese supuesto por el siguiente candidato en la lista de Toledo.La dirección nacional del PP decidió la apertura de este expediente informativo antes incluso de escuchar en persona en la mañana de ayer las explicaciones de Bermúdez, que ayer mismo se trasladó hasta Madrid para asistir a la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado. El día anterior, cuando la cadena SER destapó la noticia, varios dirigentes del partido se pusieron en contacto telefónico con el diputado toledano.

Juan Carlos Vera conversó ayer largo rato con Bermúdez y luego aclaró que el PP pretende determinar con este procedimiento cuál es la situación judicial del parlamentario, ya que éste niega estar encausado por los dos delitos citados y mantiene que todavía no se ha resuelto el recurso que interpuso a la denuncia presentada por la familia de su cliente ante la Fiscalía de Talavera el 13 de marzo de 1995.

En el PP confían en la versión de su diputado. Piensan que actuó legalmente en todo momento y de buena fe, aunque admiten que fue "poco diligente, ineficaz y torpe" como abogado al tardar mucho tiempo en entregar el dinero de la indemnización a la familia de Andrés Moreno Calatrava. Bermúdez negoció en enero de 1994 con la Mutua Madrileña, la compañía del primer vehículo que atropelló a la víctima, una indemnización de dos millones de pesetas aunque un juez, antes y en una primera instrucción del caso, lo había dado por perdido. La víctima fue arrollada, según la versión del diputado, a las doce de la noche de un lluvioso 4 de diciembre de 1989 en plena autovía de Extremadura cuando cruzaba el asfalto a pie y con 1,9 gramos de alcohol en la sangre. Esa cantidad es, por ejemplo, el doble de lo permitido para conducir vehículos.

La familia de la víctima entiende que Bermúdez debería de haber logrado una mayor indemnización. Según fuentes de la dirección del PP, Bermúdez, en su condición de letrado de la familia del fallecido, insistió bien y profesionalmente en esas gestiones pero no lo suficiente en determinar por escrito a sus clientes -con un telegrama o por algún conducto notarial- la cuantía de la indemnización. Bermúdez manifiesta que sí envió varias cartas a los familiares de la víctima -algo que éstos niegan- para informarles de que tenían en su despacho un cheque por valor de 1.250.000 pesetas, tras descontar de la indemnización su minuta y las costas judiciales.

En el partido entienden que Bermúdez debió presentarse en la finca familiar, a unos 20 kilómetros de Toledo, escuchar con testigos las posibles quejas económicas de la viuda de Andrés Moreno y sus tres hijos y en cualquier caso dejar constancia escrita e incluso en el juzgado de sus actuaciones. Fuentes del PP justificaron en parte el comportamiento del letrado al señalar que este tipo de actuaciones son normales en los despachos de pueblos pequeños que llevan muchos y variados asuntos.