'Ley Corcuera' y objeción

La libertad y seguridad de las personas, recogidas en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, merece una especial atención en el documento. España informa que uno de los aspectos más conflictivos de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Corcuera-, el artículo 21.2, relativo a la entrada en el domicilio (la patada en la puerta), fue declarado inconstitucional el 18 de noviembre de 1993. Esto motivó la dimisión del entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera.El Gobierno español explica la legislación especial para detenidos por motivos de terrorismo. Entre esas medidas figuran las 72 horas de plazo máximo de detención gubernativa -ampliables a otras 48 si el juez lo autoriza-, la detención incomunicada, la imposibilidad para el arrestado de designar un abogado de libre elección y de comunicar a sus familiares que está detenido, y la no comunicación reservada con el letrado.

El informe menciona que el juez en todo momento puede requerir información sobre el detenido. Sin embargo, no recuerda que en los informes del Comité de Prevención de la Tortura se reprochaba a los jueces el que no hicieran uso de esa facultad.

El crecimiento vertiginoso de los índices de objeción de conciencia queda recogido en el informe, que sin embargo no menciona en ningún momento a los insumisos. Amnistía Internacional considera a los objetores sobrevenidos españoles presos de conciencia.