Fuerte división en el PP gallego ante la distribución de los centros para la implantación de la reforma

Más que un debate educativo se ha transformado en una batalla política. Cientos de padres de alumnos y una treintena de alcaldes de las provincias de Lugo y Orense, en su mayoría pertenecientes al PP, se han puesto en pie de guerra contra el proyecto de red de centros educativos de Galicia, elabora da por el Gobierno autónomo conservador para adaptarse a los nuevos planes de estudios implantados por la Logse. En el río revuelto también han aparecido pescadores tan dispares como el PSOE, el sindicato ANPE, de tendencia conservadora, o los defensores de la escuela privada para arremeter contra la iniciativa de la Xunta. El propio Manuel Fraga se ha visto obligado a salir en defensa de su consejero de Educación, Juan Piñeiro, acosado desde varios frentes.La Xunta tenía desde hace tiempo plena consciencia de que la nueva red de centros iba a levantar una enorme polvareda y de hecho estuvo retrasando su presentación hasta que pasasen las elecciones generales. La necesidad de agrupar a todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) -de 11 a 16 años- tropezaba inevitablemente con la dispersión poblacional y el fortísimo descenso de la natalidad en las zonas del interior de Galicia. Crear un instituto en cada pueblo es una utopía, como arguye la Xunta, con lo que no quedaba otro remedio que trasladar a niños que hasta ahora estudiaban en sus localidades de origen a las respectivas cabeceras de comarca. La batalla no ha tardado en enfurecerse. Alcaldes del PP se rebelan contra el Gobierno de su partido, los padres aluden a los peligros "de la droga y el alcohol" para oponerse al traslado de sus hijos a localidades distantes varios kilómetros y el PSOE califica el proyecto como "la puntilla a la educación pública en Galicia". "Los ayuntamientos deben saber que no se están enfrentando al consejero de Educación, sino a toda la Xunta", ha advertido Fraga a sus correligionarios, antes de recordar que su Gobierno se está limitando a aplicar una ley elaborada por los socialistas y que el PP ya no podrá reformar con la precaria mayoría que logró el 3-M.

Postura sindical

Sin embargo, los sindicatos CC OO y UGT se muestran menos beligerantes. Víctor Gesto, dirigente de CC OO, reprocha a la Xunta el retraso en la presentación del proyecto y la ausencia de previsiones sobre su financiación -se prevén construir 60 nuevos centros hasta el año 2.000- pero declara compartir sus criterios de fondo, sobre todo la apuesta por unificar todos, los cursos de la ESO en el mismo centro. "Lo contrario", apunta Gesto, "sería una barbaridad"

El problema para el PP es que buena parte de las protestas provienen no sólo del interior del partido, sino de sectores sociales afines, como los padres de alumnos de colegios privados, quienes piden que se incluyan sus centros en la misma red que los públicos, una medida que ya han adoptado los populares en la Comunidad Valenciana con un importante rechazo social.

De momento, la Xunta ha hecho más bien lo contrario: el proyecto -todavía en fase de alegaciones- prevé el trasvase a la escuela pública de varios cientos de alumnos de la privada.