El arma de la ley

LA JUNTA de Fiscales del Tribunal Supremo considera que el comunicado difundido por Herri Batasuna (HB) tras el asesinato del profesor Francisco Tomás y Valiente pudiera constituir una forma de colaboración con banda armada. A la vista de ese dictamen, el fiscal general ha remitido el comunicado al juez Garzón, que ya instruye un sumario contra HB por el mismo delito de colaboración con ETA. El escrito de HB no sólo justificaba el crimen con argumentos como que "el Estado sólo cambia de actitud cuando se ve forzado" a ello, sino que culpaba del asesinato de Tomás y Valiente al "Gobierno y demás fuerzas políticas" por no acceder a las exigencias de ETA.La iniciativa de la fiscalía se inscribe en el marco de la reacción contra la impunidad del mundo que rodea a HB que parece haberse producido en los últimos meses y cuyo episodio más llamativo ha sido el encarcelamiento de Jon Idígoras. Contra esa reacción se han elevado dos tipos de argumentos. Los virtuosos de la equidistancia advierten que es una ilusión pensar que, "tras 35 años de lucha armada, ésta podrá erradicarse sin más por la vía judicial-policial". Nadie tiene la solución garantizada de la pesadilla del terrorismo. Pero, desde luego, no pasa por la renuncia a aplicar la ley -con todas las garantías democráticas, pero sin bulas-. Otro argumento similar es que "esa vía ya se ha intentado y no ha evitado la continuidad de ETA". Sin embargo, no es cierto que se haya intentado, o al menos no con la suficiente constancia. El franquismo recurrió a la represión, pero la ley es otra cosa. También se ha recurrido a la guerra sucia, pero eso tampoco es la ley. Al mismo tiempo, se ha consentido una impunidad de hecho del entorno de ETA, y eso es lo contrario a la aplicación de la ley.

Un comunicado como el emitido por HB a raíz del asesinato de Tomás y Valiente sería un grave delito en cualquier país democrático. El que sea habitual que declaraciones de esa naturaleza se difundan en Euskadi no significa que sea legal. Sería totalmente anormal que horas después del asesinato del ex presidente del Tribunal Supremo alguien justifique ese crimen públicamente, amenazando con nuevas acciones "cada vez más contundentes" si no se aceptan las condiciones de ETA, y no pase nada. En mayo del año pasado, la Audiencia Provincial de San Sebastián exculpó de cualquier delito a una concejal de HB que había acusado a la policía de asaltar la sede de su partido, y al gobernador, de haber instigado dicha acción. La sentencia argumentaba que acusaciones similares y aún más graves son habituales en la prensa vasca. Se ilustraba reproduciendo varios titulares del mismo número del diario Egin en que se había vertido la acusación contra el gobernador. La conclusión era que "el ciudadano está ya plenamente acostumbrado" a tales expresiones. Elevaba la impunidad previa a coartada para la impunidad,

Para acabar con esa dinámica perversa no hay que recurrir a sentencias ejemplares o cosa semejante. Basta con acabar con la impunidad que ha venido amparando a quienes no sólo se atribuyen el derecho a agredir a los demás ciudadanos, sino que consideran que sus víctimas -ertzainas, políticos, manifestantes por Aldaya, comerciantes- están obligadas a dejarse matar, quemar vivas, linchar, ver destruidos sus establecimientos". Si los dirigentes de HB no pretendían colaborar con ETA justificando sus crímenes y amenazado con más violencia, que lo digan ante el juez. Pero que comparezcan ante él.