El Gobierno invierte 1.300 millones en material contraterrorista

El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para luchar contra el terrorismo y, en especial, contra el comando Madrid de ETA. El plan consiste en la adquisición de vehículos blindados por valor de 1.000 millones y de sistemas de comunicación e informáticos por 300 millones, el reforzamiento de la colaboración con Francia y el compromiso del Ayuntamiento de Madrid para facilitar una serie de datos útiles en la búsqueda de los etarras que actúan en la capital. Sin embargo, el Gobierno ha denegado la autorización para que la Policía o la Guardia Civil puedan tener acceso a determinados archivos de la Administración.El Consejo de Ministros del pasado 16 de febrero aprobó un plan antiterrorista de 10 puntos elaborado por el Ministerio de Justicia e Interior. Según fuentes de este departamento, no se divulgó en su día para evitar que pudiera ser malinterpretado por la oposición como una medida electoralista ante la proximidad del 3-M.

Cincuenta de estos vehículos serán asignados a las brigadas encargadas de perseguir al comando Madrid. Otros 60 irán a las unidades del País Vasco. El Estado va a destinar otros 300 millones de pesetas a la adquisición de equipos de transmisión, telefonía y otros sistemas técnicos muy avanzados, según las fuentes informantes, tanto para la Policía cómo para la Guardia Civil. Sin embargo, el Consejo de Ministros no aprobó al menos una de las medidas antiterroristas: la posibilidad de que los Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran tener acceso directo a los bancos de datos informáticos de varios departamentos de la Administración, estatal y municipal. El Gobierno rechazó este aspecto, requerido por la Policía, al entender que crearía "problemas legales".

Dentro de este conjunto de medidas, el Consejo de Ministros aprobó un confuso acuerdo que permite declarar secretas determinadas informaciones relacionadas con la lucha antiterrorista. Esta resolución, que contó con el visto bueno de los Servicios Jurídicos del Estado, clasifica como secretas "la estructura, organización, medios y técnicas operativas de las fuerzas de seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas". También declara secretos los ficheros informatizados sobre presos terroristas que establezca la Administración Penitenciaria.

El confuso acuerdo del Ejecutivo fue impulsado por la Guardia Civil, que, hasta ahora, al contrario que el Cuerpo Nacional de Policía, no ha inscrito como es preceptivo sus ficheros -especialmente, los relativos al narcotráfico y el terrorismo- en la Agencia de Protección de Datos (APD), para que puedan ser inspeccionados por este organismo.

La viceministra de Interior, Margarita Robles, ha prometido que la Guardia Civil empezará a inscribir sus ficheros en la APD.