Clinton firma la ley que radicaliza las sanciones contra el régimen de Castro

En nombre de los cuatro pilotos muertos en el ataque sufrido por sus avionetas por cazas cubanos hace 18 días, el presidente Bill Clinton firmó ayer la ley Helms-Burton que refuerza el embargo sobre Cuba y castiga a terceros países y empresas que comercien con el régimen de Fidel Castro. A pesar de las críticas nacionales e internacionales que esta posición le ha deparado, Clinton opta por los eventuales beneficios del endurecimiento: el Estado de Florida es el cuarto en votos electorales en EE UU.

En la ceremonia de la Casa Blanca, el presidente se rodeó de congresistas cubanoamericanos y de los familiares de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate: "Firmo esta ley en nombre de los cuatro hombres que fueron asesinados el 24 de febrero. En su memoria, seguiré haciendo todo lo posible para ayudar a que la marea democrática llegue por fin a las costas de Cuba". Cada uno de los familiares, vestidos de luto, recibió una pluma de las utilizadas por Clinton en la firma múltiple de la ley.A pesar de que la ley contribuye a aislar a los cubanos de su relación con EE UU y a endurecer el régimen de Castro, Clinton afirmó: "Cuanto más libres sean los cubanos para manifestar la libertad y los derechos que sus vecinos disfrutan, más insistirán en el cambio". Hasta el derribo de las avionetas, la política de la Casa Blanca era favorecer las tímidas medidas de apertura de La Habana y estimular cualquier cambio hacia la democracia.

De acuerdo con la ley Helms-Burton, los norteamericanos, incluidos los de origen cubano, pueden querellarse en tribunales de EE UU para reclamar indemnizaciones de los llamados "traficantes", ciudadanos de cualquier nacionalidad que operen en fábricas, instalaciones o terrenos cubanos expropiados desde el 1 de enero de 1959 y que tengan un valor superior a los 50.000 dólares (6,25 millones de pesetas). A partir del 1 de agosto, cuando entre en vigor la ley, Clinton puede dejar en suspenso cada seis meses esta provisión por razones de interés nacional.

Además, los ejecutivos, representantes o accionistas de empresas que considerados "traficantes" no pueden entrar en EE UU, igual que sus familias.

Los expertos en las relaciones entre EE UU y Cuba coinciden en que la ley abre un camino con retorno complicado. "Las consecuencias políticas son muy negativas, no tanto por el capítulo de las querellas, sino porque toda la normativa del embargo se convierte en ley. Las anteriores órdenes podían suspenderse en cualquier momento. Ahora, las sanciones no pueden suavizarse sin cambiar la ley", en opinión de William LeoGrande, de la American University, que considera difícil predecir el impacto económico: "Dependerá de lo que les preocupe a los inversores extranjeros la posibilidad de las querellas y de la decisión que tome Clinton sobre la aplicación o no de la medida".