Pase lo que pase, continuarán las privatizaciones

El número e importancia de las empresas públicas y su papel en la política económica y empresarial española definía no hace muchos años la posición ideológica de los partidos políticos en economía. Hoy esa línea se ha difuminado. El PSOE ha ejecutado, sin grandes aspavientos, una política de privatizaciones de notable importancia; y el PP promete igualmente una reducción del perímetro público del Estado con privatizaciones abundantes, aunque preestablecidas en el Parlamento, a través de una vía lenta. Las diferencias parecen de procedimiento; mientras el PSOE defiende una privatización "caso por caso", el PP es partidario de dotar de un abigarrado marco legal el proceso de venta de las empresas públicas. E insiste en destinar los ingresos a compensar el endeudamiento público. IU niega de partida la conveniencia de las privatizaciones.

El PP enarbola fervorosamente la bandera de las privatizaciones como uno de sus principales argumentos (o promesas) electorales, junto con la reforma del IRPF; pero lo cierto es que el PSOE, es decir, el Gobierno, ha ejecutado una política de privatizaciones probablemente muy difícil de igualar. Las cifras así lo dicen. En la presente legislatura el Gobierno ha privatizado empresas por importe de 1,12 billones de pesetas (gráfico en página contigua), contando con los ingresos que se producirán con la próxima privatización de Argentaria. Pero es que entre 1982 y 1993, si atendemos a las privatizaciones más importantes, los Gobiernos del PSOE han ingresado como mínimo 591.000 millones de pesetas en no menos de 30 empresas públicas vendidas.Dicho sea lo anterior para que se aprecie que las privatizaciones han perdido los tintes ideológicos, por lo menos los más acusados. Y también para saber que, gobierne el PSOE o el PP, las ventas de empresas estatales continuarán. Es casi público y casi notorio que Pedro Solbes, ministrc, de Economía, y su equipo frenaron a última hora, en enero, la privatización de tres grandes empresas públicas: Aldeasa, Trasmediterránea y Tabacalera. Con el añadido de que, en el caso de Tabacalera, se pretendía adornar la consabida OPV (Oferta Pública de Ventas) con algún artilugio financiero que permitiera formar una mayoría estratégica o de control en la empresa. El llamado núcleo duro.

Si el PP forma Gobierno, la privatización de las empresas públicas corre el riesgo de convertirse en un vasto despliegue de fuegos artificiales jurídicos y parlamentarios. Tendrá difícil, en cualquier caso, igualar al PSOE, que sin grandes despliegues legales ha puesto en manos privadas empresas como SKF, Seat, Entursa, Enfersa, Enasa, MTM, Ateinsa, parte de Endesa, Ence o Argentaria y la mayor parte de Repsol. Es bien sabido en todo caso que el PP defiende privatizaciones generosas -probablemente hasta el 100%- de Argentaria o Endesa. Está claro es que si el PP cumple. sus compromisos se aplicará un programa de privatizaciones predecible y advertido, y no se sabe qué efectos puede tener esta transparencia anticipada sobre los mercados.La privatización de empresas públicas carece ya de sorpresas, en cuando que está perfectamente delimitado del cuadro de sociedades que puede ponerse en almoneda. Resulta más llamativo saber qué servicios públicos podría o querría privatizar el PP, con el pretexto conocido de diferenciar titularidad (que permanece pública) y gestión (que puede ser privada). El volumen de negocio de servicios como el agua, el transporte o la sanidad es mayor y la proyección sobre el ciudadano más importante que la venta de empresas del Patrimonio o de Téneo.