Bruselas defiende flexibilizar la UE para vencer el freno de los euroescépticos

La Comisión Europea aprobará el miércoles el dictamen que permitirá convocar la Conferencia Intergubernamental (CIG) de Turín, primer paso para adaptar el Tratado de Maastricht a una Unión Europea ampliada. El dictamen incluye sus propuestas para la CIG, en la que tendrá voz pero no voto: la reforma debería instaurar un mecanismo flexible de decisiones que impida que los países más euroescépticos frenen la integración; potenciar el voto por mayoría y reducir el veto a la excepción; mantener el actual equilibrio de votos en el Consejo de Ministros; reforzar al presidente de la Comisión; crear un pequeño Pentágono europeo para impulsar la política exterior, y reconocer el papel de la OTAN en la defensa europea.

El dictamen de Bruselas, elaborado por un grupo especial de trabajo que deberá defender las posiciones de la Comisión durante la Conferencia Intergubernamental y que trabaja directamente a las órdenes del presidente, Jacques Santer, con el apoyo del comisario Marcelino Oreja, fue ya discutido en primera lectura por los comisarios esta pasada semana y será aprobado presentado al Parlamento Europeo el miércoles.Los comisarios han tomado como eje conductor las principales propuestas lanzadas en los intimos meses por el canciller alemán, Helmut Kohl, y el presidente francés, Jacques Chirac.

El informe, que ha despertado gran interés, no cumple, sin embargo, todas las expectativas previstas antes de su elaboración y que satisfagan las exigencias con vistas a la ampliación de la Unión a los países del Este europeo y mediterráneos.

Se han criticado ya algunas propuestas, como la de mantener un comisario por país, lo que a juicio de los sectores más federalistas de la Unión Europea tendrá el inconveniente de diluir el carácter colegiado del trabajo del Colegio de Comisarios cuando la Unión tenga una treintena de socios.

Un colegio compuesto por 25 o 30 comisarios, razonan los autores del documento, aumentará el papel ya actualmente demasiado preponderante de los gabinetes en perjuicio del puro debate político de los comisarios.

El documento, que tiene la valentía de proponer que los países más grandes (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) reduzcan de dos a uno el número de comisarios, se limita a reseñar que "no excluye" que en el futuro el número de comisarios pueda ser inferior al número de Estados miembros y confía en que la mayor participación del presidente de la Comisión en la elección de los comisarios bastará para dar fuerza al colegio.

Para lograrlo, el grupo de trabajo propone que el presidente sea ratificado formalmente por el Parlamento Europeo antes de, que le forme el Colegio de Comisarios. Los expertos recomiendan potenciar la figura del futuro presidente de la Comisión una vez concluya el actual mandato por cuatro años de Santer. Ante los nuevos retos de una Unión ampliada, señala el grupo de trabajo, la Comisión necesitará estar dirigida por alguien que tenga más poderes que hasta ahora. Entre otras prerrogativas, el presidente deberá intervenir directamente en la designación de comisarios.

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es él que recoge una vieja preocupación del primer ministro español, Felipe González, retomada en las últimas semanas por el canciller Kohl: cómo lograr que la Unión Europea avance en su integración sin que tenga que soportar el lastre de los países menos entusiastas.

"La Unión Europea no debe quedar condenada a progresar al ritmo de sus miembros más lentos", sostiene el texto, y sugiere para remediarlo que se hagan posibles "formas de cooperación o de integraciones reforzadas entre algunos de sus miembros deseosos de progresar más rápido en la realización de los objetivos del Tratado", una opción que sólo debería tomarse "cuando se hubieran agotado" todas las posibilidades de un avance al unísono.

Como condición para activar ese mecanismo, el grupo de expertos recomienda en su documento que se haga sólo en el caso de que garantice la unidad de la Unión Europea: "Compatibilidad con los objetivos de la Unión; respeto del marco institucional de la Unión; apertura permanente a los Estados que quieran y puedan incorporarse [al avance en cuestión]; preservación del mercado único y de sus políticas de acompañamiento".

Tal y como está planteada, esta opción corre el serio riesgo de topar con el veto del Reino Unido, pero también de aquellos países que consideran que un mecanismo de decisiones de ese tipo debe tener en cuenta también la opinión -y en consecuencia, el voto- de todos los socios, aunque se reserven el derecho de no incorporarse al avance que se está decidiendo.

La propuesta trata de evitar tanto la velocidad lenta que quisieran imprimir los países menos entusiastas con la integración cuanto la proliferación de multitud de acuerdos como el del Grupo de Schengen, en el que se integran sólo 10 países partidarios de ir creando un espacio común de libre circulación de personas y de mutua cooperación policial y judicial.