El Gobierno belga rechaza pedir de nuevo a la justicia las extradiciones de etarras como solicitó España

Bélgica se enroca. La reunión bilateral entre delegaciones española y belga, aprovechando la convocatoria extraordinaria del Consejo Ejecutivo de Schengen, ayer en La Haya Holanda), sólo sirvió para constatar las enormes diferencias que separan a ambas partes. Las autoridades belgas se negaron a acceder a la petición española de solicitar de nuevo a la justicia la extradición de dos presuntos etarras. España logró colocar dos cuñas en el comunicado de la reunión de los siete países que aplican el Convenio de Schengen. En el texto se reitera "con la mayor contundencia" la condena del terrorismo.

La primera cuña consiste en una referencia a la revisión urgente del artículo 60 del convenio sobre extradiciones y en la segunda se hace hincapié en la necesidad de establecer medidas cautelares con los presuntos terroristas.El ministro del Interior de Bélgica, el flamenco Johan van de Lanotte, se negó en redondo a aceptar la propuesta española de que su Gobierno presente una nueva demanda para que el Consejo de Estado pueda autorizar finalmente la extradición a España de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz.

En declaraciones a la prensa, Van de Lanotte fue tajante: "No podemos presentar una segunda petición al Consejo de Estado. No podemos extraditarles. No podemos poner a los dos vascos bajo control policial como si fueran criminales". El ministro del Interior daba así un carpetazo a los intentos de España de lograr un acuerdo bilateral que permita superar la crisis.

Un miembro del gabinete del ministro belga, que pidió permanecer en el anonimato, reconoció, sin embargo, que sí existe la posibilidad legal de presentar esa segunda petición. "Pero sería ridículo, ¿no?", añadió.

Van de Lanotte fue aún más allá, al asegurar que su país no tiene la culpa de lo que está ocurriendo: "La culpa la tienen España, Francia y el Reino Unido, que en 1993 no se pusieron de acuerdo para suprimir la noción de delito político' en Europa en los casos de terrorismo.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Emilio Fernández Castaño, y la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, se entrevistaron con Johan van de Lanotte poco antes de que empezara la reunión general.

No hubo ningún progreso. Ambas partes acordaron mantener un encuentro entre técnicos la semana próxima, en el que España tratará de ilustrar a las autoridades belgas sobre las posibilidades que encierra su legislación si de verdad quieren cooperar en materia antiterrorista.

Fernández de la Vega hizo énfasis en la exigencia española de que los dos presuntos colaboradores de ETA sean sometidos a vigilancia, a lo que se negó Van de Lanotte. España también expuso su intención de suspender la cooperación judicial con Bélgica. A juicio del ministro belga "lo han planteado de forma difusa; se puede entender que sí, que han dicho eso, pero también se puede entender que no lo han dicho", declaró con soma.

A juicio de Fernández de la Vega, la suspensión de la cooperación "se puede hacer en el marco de Schengen, porque todos los convenios internacionales tienen la posibilidad de ser impugnados cuando una de las partes no lo cumple, y Bélgica lo incumplió".

Más allá de las polémicas legales, lo importante, para la secretaría de Estado, es que España ya ha aplicado esa medida en la práctica, al apoyar el Gobierno la decisión de no extraditar a dos ciudadanos belgas reclamados por la Justicia. Se actuó en reciprocidad a la decisión del Consejo de Estado belga (tribunal supremo administrativo) de suspender la entrega de los etarras.