Conde intenta desmarcarse de Romaní y Garro en las operaciones del 'caso Banesto'

El nuevo letrado de Mario Conde, Juan Sánchez Calero, se estrenó ayer en el procedimiento penal del caso Banesto con un rosario de preguntas, dirigidas a los peritos judiciales, en las que se advirtió un intento de desmarque de su cliente en tres operaciones, presuntamente irregulares, en las que la querella criminal atribuye un protagonismo personal al ex vicepresidente del banco Arturo Romaní y al ex director general Fernando Garro. Los ex administradores recusaron a los peritos Juan Román y Juan Carlos Monje por ser inspectores del Banco de España, entidad que intervino Banesto.

La ratificación de los informes periciales por parte de Román y Monje fue seguida de una sesión de preguntas de los abogados Miguel Angel Gómez de Liaño (Romaní), Juan Sánchez Calero ,(Conde), Jesús Castrillo (Rafael Pérez Escolar) y Gonzalo Bravo (Juan Belloso). Ninguna de las otras partes personadas pudo hacer preguntas. La sesión, que comenzó a las 10.30 horas y acabó a las 14.00, ha sido aplazada, hasta el próximo 12 de marzo.Ayer quedó despejada, al menos por un tiempo, la identidad del nuevo abogado del ex banquero. Juan Sánchez Calero, miembro del bufete de su padre, el mercantilista Fernando Sánchez Calero, que ha colaborado durante varios años con el Banesto de Conde. Sánchez Calero aportó un escrito al juzgado en el que Mariano Gómez de Liaño formalizaba su dimisión como letrado de Conde y al tiempo que daba poderes a Sánchez-Calero para representar al ex banquero en el procedimiento penal.

Nada más empezar la sesión, Jesús Castrillo presentó un escrito de recusación de los peritos, a quienes considera parte que ya ha manifestado su animadversión contra los querellados al formar parte del equipo de inspección del Banco de España. Según Cándido Conde Pumpido, abogado contratado por el Fondo de Garantía de Depósitos, entidad que ha contribuido al saneamiento de Banesto, el escrito es improcedente. Las causas establecidas en la ley, según dijo, no concurren. Por su parte, el abogado de Banesto, José Antonio Jiménez, señaló que el plazo de tres días para recusar había expirado.

Miguel Angel Gómez de Liaño buscó vincular a los peritos y sus trabajos con el Banco de España. Les preguntó si habían firmado el acuerdo de intervención del 28 de diciembre de 1993. "No", dijeron. Volvió a indagar si habían firmado el informe de la inspección de Banesto del 31 de enero de 1994: "Sí". Inquirió si habían participado en la elaboración del expediente disciplinario contra los ex administradores. "No". Y si habían tomado parte en las diligencias de la Fiscalía General del Estado en relación con la querella criminal o si prepararon documentación para enviar a la Fiscalía General del Estado. La respuesta en ambos casos fue "no". Aclararon algo que consta en la documentación: la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó su colaboración, que comenzó a mediados de septiembre de 1994.

Sanchez Calero hizo muchas preguntas, pero el propósito de su interrogatorio fue el de desmarcar a su cliente.