El PP quiere supimir el 72% de los 8.458 altos cargos y directivos de la Administración central

, El Partido Popular tiene contados los 6.110 altos cargos o puestos de confianza y alta dirección -hay 8.458, según el PP- que, en su opinión, deben ser eliminados en la Administración central. El ex diputado popular Manuel Núñez afirma que su partido, si llega al poder, también hará en dos años un análisis de los lugares en los que sobran o faltan funcionarios; y que de ese estudio se derivarán una "severa política de reordenación de la Administración" y "una auténtica y necesaria reasignación de efectivos". Aunque Núñez prefiere no concretar la cifra de funcionarios afectados, se deduce de su análisis que decenas de miles de funcionarios tendrán que cambiar de puesto o destino.

Los cálculos del PP indican que la actual cúpula de la Administración central del Estado está integrada por 8.458 personas -el Gobierno discrepa y rebaja la cifra a 7.819-, pero que, de acuerdo con sus planes, debe quedar reducida a 2.348 personas. Según el actual Gobierno, el PP no sólo confunde los criterios a la hora de determinar a quién debe considerarse alto cargo, sino que además es "imposible" que ni los populares ni nadie puedan eliminar tantos puestos o niveles.Así, el secretario de Estado para la Administración pública, Eugenio Burriel, destaca que entre los cargos directivos contabilizados por el PP se incluyen 4.180 funcionarios de alto nivel que han llegado a él por concurso de méritos, por lo que legalmente no es posible rebajarles de categoría. Se trata de abogados del Estado, diplomáticos, interventores, ingenieros agrónomos... Núñez responde que no es así porque el número de esos titulados apenas ha crecido desde 1982, y agrega que él se refiere a los directivos que están en unidades administrativas u órganos públicos que deben ser suprimidos.

Para el Ejecutivo, sólo debe considerarse alto cargo como tal a los puestos existentes a partir de director general, incluido este nivel. También en este capítulo existen discrepancias, probablemente originadas en el hecho de que el PP incluye en su contabilidad los puestos asimilados a tales categorías, incluidos, por ejemplo, directivos de organismos públicos o entes autónomos.

Pese a tales contradicciones, el apartado dedicado a la Administración pública es, probablemente, uno de los más elaborados por el PP. Aunque la correspondiente parte del programa recoge sólo algunos principios generales, el partido de José María Aznar dispone de documentos -de uso muy restringido- en los que se detalla qué estructura debe tener cada ministerio, uno a uno, así como los altos cargos que habrá en cada uno de ellos si gobierna el PP.

De este modo, por ejemplo, un Ministerio de Economía del PP tendría dos puestos con nivel de subsecretario o secretario general y 20 directores generales -ahora hay el doble en ambos casos-; y un Ministerio de Obras Publicas, aunque con menos competencias, como la de Medio Ambiente, tendría sólo 12 direcciones generales -ahora son el triple-

Igualmente, los populares han elaborado un largo listado de organismos públicos y entes autónomos que deben suprimirse o fusionarse para lograr lo que el PP define como una Administración "ágil, eficaz y simplificada".

De llevarse hasta sus últimos términos, el plan del PP originará fuertes reacciones en el colectivo de funcionarios. De un lado, recibirán con agrado el proyecto de ley del Gobierno del PP, según el cual los directores generales serán funcionarios de carrera (la medida beneficiará a varios centenares de personas). Lo que no recibirán con agrado es la materialización del plan para "reasignar" puestos y destinos a miles y miles de funcionarios.

El programa oficial distribuido por el PP no hace referencias concretas al respecto, aunque sí incluye objetivos genéricos como el de lograr "una Administración simplificada y ajustada en tamaño a la nueva organización del Estado", y medidas como "la reducción del número de los llamados entes públicos" o "la supresión de los organismos públicos que hayan cumplido los objetivos que motivaron su creación, aquellos que resulten ineficaces y aquellos cuyas competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas".

En el programa original, después resumido, sí se hacía referencia a la "severa política de reordenación de los efectivos humanos de la Administración" y a "una auténtica y necesaria reasignación de efectivos". Si accede al Gobierno, el PP elaborará un Plan General de Ordenación de la Estructura Administrativa para, en dos años, conocer las zonas en las que sobran o faltan funcionarios.

A partir de ahí, explica Manuel Núñez, y dentro de la primera legislatura, se efectuará "una amplia reasignación de recursos humanos". Núñez agrega que habrá compensaciones económicas para quienes resulten gravemente afectados.

El PP, además, asegura que mientras no esté elaborado ese plan sobre la estructura administrativa la oferta de empleo público quedará "congelada". Es decir, que si el PP llega al Gobierno, no se creará empleo público al menos hasta dentro de dos años.