El 'informe Scott' acusa al Gobierno británico de engañar al Parlamento por su venta de armas a Irak

Varios ministros engañaron deliberadamente al Parlamento sobre los cambios adoptados por el Gobierno británico a finales de los ochenta en lo que a la venta de armas a Irak se refiere. El largamente esperado informe Scott coloca en la picota a dos altos cargos M Gobierno de John Major, que afrontó ayer una de las sesiones parlamentarias más duras, de los últimos tiempos. El Partido Laborista reclamó la dimisión de William Waldegrave, actual secretario del Tesoro, y del fiscal general del Estado, Nicholas Lyell, ambos criticados en el informe, que, sin embargo, acepta la ausencia de "mala fe" en su conducta.El informe Scott, como popularmente se conoce al documento que vio ayer la luz pública, contiene un detallado análisis de lo que ha sido catalogado por la oposición laborista como uno de los mayores escándalos de corrupción política que se han visto en el Reino Unido en la última década. Un escándalo del que no queda libre prácticamente ningún departamento del engranaje del Estado.

El origen del escándalo se remonta a finales de los años ochenta. El Gobierno de Margaret Thatcher, integrado por buena parte de los ministros que están ahora en el de Major, optó al término de la guerra entre Irán e Irak por cambiar su política de exportación de armas. A partir de 1988 y hasta 1990, cuando Irak se preparaba para invadir Kuwait, Londres autorizó discretamente los contactos comerciales con Sadam Husein, aun a sabiendas de que ello facilitaba el rearme de Bagdad.

El entonces responsable de las relaciones con Irak en Exteriores, William Waldegrave, envió más de 27 cartas a diferentes diputados asegurándoles que no había habido cambio de política en lo que a las relaciones con Irak se refería. Y no sólo eso, ningún ministro pestañeó cuando los funcionarios de aduanas detuvieron a los tres directivos de una empresa de capital iraquí, Matrix-Churchill, que vendía maquinaria susceptible de ser utilizada para fabricar armas.

Cuando Paul Henderson, director de la empresa y confidente de los servicios de espionaje, compareció ante el tribunal, aseguró que las actividades de su empresa eran sobradamente conocidas por el Gobierno.

El juicio de Henderson, celebrado en octubre de 1992 destapó la caja de los truenos. Aconsejados por el fiscal general del Estado, Nicholas Lyell, los ministros implicados en la historia ocultaron documentación al tribunal firmando órdenes especiales que impidieron que documentos esenciales vieran la luz.

Aun así, pruebas claves llegaron al tribunal, que decidió sobreseer el juicio. Para entonces, el primer ministro, Major, se planteó la necesidad de hacer algo y ordenó una prolija investigación de lo ocurrido al juez Richard Scott. El daño causado por el informe difundido ayer en las expectativas electorales de los tories está aún por ver.