Cuentas del Estado

Leo en primera página de su edición de ayer (13 de febrero de 1996) que el PP dará a empresas privadas la auditoría sobre la situación de las cuentas del Estado. Cuatro preguntas en relación con esta propuesta.1. ¿Conocen sus autores que la Constitución Española (artículo 136) encarga al Tribunal de Cuentas el control externo de la actividad económica del sector público?

2. Aun admitiendo una inicial desconfianza del PP respecto del Tribunal de Cuentas en razón de la designación de sus miembros por el Parlamento, ¿cuáles son las razones que nutren esa misma desconfianza respecto de la Intervención del Estado y sus funcionarios, que llevan a cabo con absoluta independencia el control interno de la actividad económica de la Administración y del sector público en general? ¿Desconfía el PP de la independencia de estos funcionarios, compañeros de cuerpo, por cierto, de Aznar? ¿Ponen en duda su solvencia o capacidad técnica?

3. ¿Cuáles son las razones que respaldan la mayor solvencia o credibilidad que atribuye el PP a las consultoras privadas, en comparación con los agentes de control público citados? Sugiero que para responder a esta pregunta se pongan en contacto con algún accionista de Banesto (cuyas cuentas auditadas por una conocida firma privada, a gusto de Conde, ocultaron el enorme agujero que fue, en cambio, descubierto por la Inspección del Banco de España?4. ¿A cargo de quién correría la factura (de centenares de millones, según indica la noticia) de esa auditoría privada? ¿A cargo del propio PP? ¿A cargo del Presupuesto? En este segundo caso, sería interesante esperar a la fiscalización de este gasto por el Tribunal de Cuentas, e incluso antes por la propia Intervención, no siendo descartable la formulación de reparo por parte de la misma.

Claro que todas estas cuestiones tienen sentido sólo si -y es éste un gran si- el PP gana las próximas elecciones.-