Un dirigente del PP firmó que pagaría la multa de un condenado de Calvia

El caso Calviá sigue abierto pese a la sentencia dictada por el Supremo en 1994 contra dos militantes del PP que fueron condenados a cuatro meses de arresto y 100 millones de multa como autores de un delito de cohecho por intentar sobornar con 100 millones a un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Calviá (Mallorca) en 1992. Uno de los condenados, el farmacéutico Andrés Bordoy, ex vicepresidente local del PP de Calviá, posee un documento que compromete a un cargo del PP balear, Eduardo Vellibre, en el pago de la sanción judicial.

Eduardo Vellibre, en el caso de haberse consumado la compra del voto del concejal socialista de Calviá, podría haberse visto favorecido en la hipotética moción de censura por su elección posterior como alcalde. Vellibre siempre negó estar en esta trama e igual postura mantuvo el PP balear, que forzó la dimisión de Bordoy como vicepresidente local y la expulsión del otro condenado como coautor, Miguel Deyá, presidente de la comisión de ordenación del territorio del PP.Vellibre, presidente del PP en Calviá y supuesto beneficiario del intento de soborno juzgado, aseguró por escrito a Bordoy, en noviembre de 1994, que abonaría su multa de 100 millones. Aquél no gestionó el pago concertado y dimitió el pasado viernes como asesor del Gobierno balear y portavoz de la oposición en Calviá. Vellibre se siente "coaccionado". Cuando firmó el compromiso recibió a cambio una carta en la que el condenado le desvinculaba de la trama del intento de soborno. Bordoy tiene sus bienes en subasta judicial por impago.

El PP, por boca del presidente regional, Joan Huguet, se manifestó ajeno al nuevo episodio del caso y al compromiso firmado por Vellibre. "El PP no tiene ningún compromiso", dijo Huguet, "y la sentencia no compromete para nada al PP.