LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

¿Se puede separar drogas blandas de duras con vistas a su legalización?

El envite que lanzó el año pasado el responsable del Plan Nacional sobre Drogas, Carlos López Riaño, sobre un posible debate en tomo a las drogas blandas y más concretamente el cannabis, ha dejado escarmentados a todos los partidos hasta el punto de que ninguno, salvo Izquierda Unida, está dispuesto a abordarlo en la próxima legislatura. Se acogen a la teoría de la escalada, con el porro como droga de iniciación, y al aumento del consumo que provocaría la legalización. Pero frente al argumento repetido de que la mayoría de los toxicómanos empezaron con el cannabis, muchos expertos internacionales desafían a hacer el cálculo en sentido inverso. Es decir, a comprobar cuántos ciudadanos que han consumido esta droga se han convertido en adictos. ¿Serán drogadictos el 18% de los estudiantes españoles que según la encuesta del plan nacional consumieron porros alguna vez a lo largo de 1994?

La teoría de IU es que a cada sustancia tóxica hay que darle el valor que tiene, evitando el efecto mitificador del mensaje del miedo. Y el mensaje sobre esta droga, cuyos efectos para la salud aún son discutidos por la comunidad científica, y que incluso es usada por muchos médicos estadounidenses en tratamientos de cáncer o sida, es difícil de empaquetar para la juventud. Izquierda Unida va más allá en su filosofía antiprohibicionista y se muestra como el único partido dispuesto a estudiar el control del mercado de todas las drogas de la misma forma que los Estados controlan el de los fármacos.

¿Dónde y cómo deben ser tratados los toxicómanos?.

Pocos se acuerdan hoy de las reticencias políticas y de las manifestaciones ciudadanas que se produjeron a mediados de los ochenta contra el uso de la metadona -un derivado opiáceo similar a la heroína, pero de consumo oral- y el reparto de jeringuillas entre los heroinómanos. El sida ha hecho indiscutibles hoy ambas medidas de reducción de riesgos. Los programas de metadona aparecen hoy como un compromiso de todos los partidos, tanto en centros asistenciales como dentro de las cárceles, para la población toxicómana. Aún se tendrá que vencer el rechazo de algunos barrios a la concentración de toxicómanos en torno a la creación de centros específicos, rechazo que el País Vasco ha sorteado de alguna manera, involucrando a algunas farmacias en la dispensación de metadona. "Existe una solución, que es la pedagogía política", indica el representante de CiU, en referencia a la necesidad de redoblar los esfuerzos en formar a la población.

La situación de los delincuentes toxicómanos es quizá la mayor novedad que presentan las propuestas políticas para la próxima legislatura. Un 65% de los presos cumple condenas en las cárceles españolas por delitos relacionados con la droga. Al amparo del nuevo Código Penal, ninguno duda sobre la conveniencia de que aquellos sobre los que recaigan penas cortas cumplan sus condenas en centros de desintoxicación. El PP da un paso más y propone que se considere un derecho del recluso y no sólo una prerrogativa del juez. El PNV propone establecer cárceles blancas, unidades especiales de tratamiento dentro de las propias prisiones.

Una solución no prevista en los programas electorales y una oportunidad perdida en el nuevo Código Penal, según ha indicado la juez decana de Madrid, Manuela Carmena, es la mención expresa a la reinserción como objetivo último de las penas de privación de libertad, como prevé la Constitución. Esto permitiría, teniendo el cuenta el retraso en la justicia, que aquellas personas ya desintoxicadas y reinsertadas socialmente no tuvieran que cumplir condena años después de cometer el delito.

¿Están dispuestos a introducir en España tratamientos con heroína?

Los políticos españoles, excepto los de IU y CiU, no están dispuestos a dar un paso más allá del que han dado con la metadona en el tratamiento de los toxicómanos. Al menos por el momento. Como mucho, esperan a que el revolucionario programa suizo de tratamiento controlado con heroína de grupos reducidos y muy marginales de adictos sea evaluado por la Organización Mundial de la Salud. De entrada, el PNV considera que es contradictorio como filosofía de tratamiento. Este ejemplo, que ha sido seguido también en la ciudad inglesa de Liverpool y seguido últimamente por las autoridades holandesas, tuvo en su momento su eco en España. Fue la Administración autonómica catalana la primera en plantearse su práctica. El tema sigue en fase de estudio.

Los suizos, que tuvieron que pedir permiso a la ONU para comprar la heroína necesaria, nunca se lo han planteado como un tratamiento, ya que en principio está destinado a un grupo muy especial de heroinómanos, con una larga historia de fracasos terapéuticos y en precario estado de salud. La filosofía es tratar a estos pacientes como se haría con un diabético: proporcionarle bajo cuidados médicos la sustancia que su cuerpo necesita. La Administración suiza, que valoró positivamente los primeros resultados obtenidos, persigue mejorar la calidad de vida de estos adictos y, sobre todo, evitar las consecuencias negativas sociales y sanitarias derivadas de la búsqueda de la droga en el mercado ilegal. Unas consecuencias negativas, que como se comprobado, afectan al resto de la sociedad.

¿Es eficaz multar a los que se drogan en la calle?

Aunque muchos no lo recuerden, desde la aprobación de la ley Corcuera el consumo de drogas en público está sancionado en España con expedientes a los locales que lo permitan y multas individuales al consumidor de hasta 50.000 pesetas. Sólo en 1994 se impusieron un total de 43.244 sanciones administrativas en toda España, sin que la policía disponga de datos sobre su cumplimiento. La realidad es que se han interpuesto muchos recursos para sortear la multa, y malamente se puede cobrar entre la población marginada que se pincha donde puede. Habrá que replantearse la eficacia de esta medida, dice el PSOE. Para el PP, hay que "reforzar su carácter disuasorio", en el sentido de garantizar mejor su cumplimiento, y al igual que el PNV, sigue apostando por su efecto disuasorio sobre el consumo. Izquierda Unida considera que es una medida claramente ineficaz, "porque el problema no se soluciona evitando verlo".

La represión, tanto del consumo como de la oferta, y la prevención siguen siendo los pilares fundamentales de la lucha contra la droga en la mayoría de los programas electorales, satisfechos, en general, con los instrumentos legales del nuevo Código Penal. En él se mantiene la separación penal de las drogas ilegales en función de su daño potencial para la salud. Sin embargo, la escasez de estudios científicos a nivel internacional -hay pocos y muy contradictorios- sobre los verdaderos efectos de estas nuevas sustancias está dando lugar a que en este momento se produzcan sentencias contradictorias especialmente en el campo del cannabis y de las drogas de diseño.