Impunidad y realismo

EL ASESINATO de Fernando Múgica ha vuelto a suscitar dos cuestiones recurrentes de la lucha contra el terrorismo: el de la eventual ilegalización del entorno político de ETA y el de la preparación de la Ertzaintza para la represión de todas las actividades ilegales del nacionalismo violento. Ambas cuestiones remiten a su vez a una preocupación que en los últimos meses ha pasado a primer plano: el de la impunidad en que se mueven quienes dirigen ese entramado que combina la violencia difusa y la concentrada, desde el asesinato a la algarabía violenta e intimidatoria.El consejero Atutxa ha planteado la cuestión en términos muy claros. Hay que decidirse entre dos opciones: o ilegalizar formalmente a KAS, Jarrai y demás disfraces de una misma violencia o legalización y sometimiento a la ley de esos colectivos. Si esta vez no se ha planteado explícitamente la deslegalización de HB es porque, en general, se considera inconveniente, no porque tal cosa sea imposible o antidemocrática. Cualquier partido podrá ser disuelto si se demuestra que incurre en algún supuesto tipificado como de asociación ilícita o que su organización y actividades son contrarias a los principios democráticos. No sería difícil demostrar que HB no es democrática ni por sus principios, ni por su organización, ni por sus actividades. Los numerosos candidatos o cargos públicos de ese partido detenidos en los últimos años por actividades relacionadas con ETA podrían invocarse en apoyo de esa hipótesis. Por lo demás, la distinción entre las diferentes siglas de la misma cosa ha perdido sentido desde el momento en que los que mandan en KAS (la coordinadora a la que pertenece ETA) son los mismos que mandan en HB.

Pero que un partido pueda ser disuelto no significa que deba serlo. De entrada, no es lo mismo no legalizar que ilegalizar. Tal vez sea bueno que HB participe en los comicios, aunque sólo sea para que sus dirigentes comprueben que llevan cerca de nueve años perdiendo apoyo electoral. En todo caso, más útil parece por ahora, de acuerdo con el planteamiento de Atutxa, legalizar a HB en el sentido en que lo reclama para KAS: que se les aplique la ley; que se levante esa bula por la que sus miembros parecen tener derechos (a insultar, amenazar, convocar tumultos, agredir a pacíficos manifestantes) que no se reconocen a los de más partidos. Digan lo que digan algunos apóstoles de la equidistancia, ese mundo de KAS y HB se mueve con una perceptible sensación de impunidad que agrava el efecto intimidador y desmoralizador de sus agresiones. Acabar con tal situación requiere otra actitud por parte de políticos, jueces, medios de comunicación y, sobre todo, de la policía.

La existencia de una policía autonómica, enraizada en la población vasca, se consideró imprescindible para resolver el problema de ETA. Lo que nadie previó fue que ese mismo enraizamiento iba a hacer a la Ertzaintza más vulnerable a las agresiones y provocaciones del mundo violento. Por lo general, un guardia civil o policía nacional está cuatro o cinco años en el País Vasco, y en ese tiempo nunca pierde la perspectiva de irse. Mientras que un ertzaina vive desde siempre en Euskadi, no tiene expectativa de cambiar de destino y es conocido por sus vecinos, incluidos los confidentes de ETA. Los grupos especializados de la Ertzaintza han demostrado eficacia en el desmantelamiento de las redes de extorsión y algunos comandos, pero la mayoría de los agentes que patrullan las calles y carreteras no están psicológicamente preparados para enfrentarse a la violencia del entorno de ETA. Tampoco, según parece deducirse de la huida del comando que asesinó a Múgica, para hacer frente a un grupo dispuesto a utilizar sus armas.

No lo están, entre otras cosas, porque no hay semana que no oigan a altos dirigentes políticos y muy escuchados comentaristas perorar sobre el origen político del contencioso y de la causa que mueve a los que disparan contra ellos o les queman el coche. Y no hay día en que no lean en los periódicos sutiles objeciones a la extradición de colaboradores de la banda o a la identificación mediante carteles de los activistas más buscados: entre ellos, los que dispararon contra Múgica, uno de los cuales fue detenido hace cuatro o cinco años cuando preparaba un atentado contra la autovía de Leizarán, pero absuelto por el mismo juez que considera que los vídeos no son prueba para condenar a los vándalos de Jarrai. Hay que restablecer el imperio de la ley, quizá con las propuestas de Atutxa, pero también utilizando los mecanismos que ya existen. Algo que, entre los GAL y la impunidad, apenas se ha intentado.