El cierre del matadero de Madrid aprobado por el PP se saltó la normativa autonómica

La ley impone a las ciudades con más de 20.000 habitantes un matadero municipal. Para cerrarlo, los Ayuntamientos necesitan una autorización expresa -dispensa especial- de la Administración regional. Pero la capital clausuró el jueves pasado su matadero sin dispensa de la Comunidad de Madrid. El PP, que gobierna el consistorio con mayo ría absoluta, aprobó el cierre saltándose la normativa autonómica, según denuncia el grupo socialista. El informe jurídico del secretario general, Marlo Corella, resolvió a favor de los gobernantes: "Parece que se cumplieron los requisitos".

El Gobierno de José María Álvarez del Manzano cerró sus naves de sacrificio de reses porque perdían 800 millones de pesetas al año. Allí trabajaban 200 personas, entre matarifes y mondongueros, que durante los últimos 20 años aseguraron el abasto público de carne en la capital. El PP busca nuevo destino para estos puntilleros y desolladores sin fábrica. Los de más edad serán jubilados. Y el edificio neomudéjar del matadero, situado en Arganzuela, acogerá un museo de arquitectura, según declaró a Efe, el edil de Obras, Enrique Villoria.Antes, por las naves municipales entraban más de 10.000 corderos al día y cerca de un millar de vacas. Pero la competencia -otras 14 industrias de este tipo funcionan en la región- se llevó el 90% del negocio.

Una inspección sanitaria de la Comunidad declaró las instalaciones no aptas para el sacrificio. El concejal de Economía, Fernando López Amor (próximo diputado nacional del PP), puso el resto. Aprovechó la inspección regional para enterrar el matadero. El Ayuntamiento decidió ahorrarse las obras de mejora que pedía la Comunidad el 31 de enero, el PP aprobó en pleno la defunción del degolladero.

La izquierda municipal mantiene que el cerrojazo se hizo irregularmente, pues se saltaron los trámites administrativos necesarios. La muerte del matadero se ordenó el 12 de enero. Ese día el Consejo de Administración, con los votos del PP, decidió el cierre definitivo. Pero se olvidaron entonces de un requisito esencial: para cerrar el matadero de una población superior a 20.000 habitantes (Madrid es 150 veces mayor) es necesario el visto bueno de los servicios sanitarios de la Administración regional.

Catorce días después de aquel olvido se reunió la comisión municipal de Economía para ratificar la clausura. Los concejales del PP se olvidaron otra vez de que necesitaban permiso de la Comunidad, gobernada por sus compañeros dé partido.

Posteriormente se registró en la Comunidad de Madrid una carta de López Amor destinada a la consejera de Sanidad, Rosa Posada. En ella pedía autorización para clausurar el matadero. La redacción de la misiva era críptica: "Las principales motivaciones del cierre del matadero están fundamentadas en la consideración de Madrid no como un término municipal de carácter administrativo sino como una conurbación interdependiente entresí", escribe López Amor.

Carta tardía

Con esta misiva, el edil de Economía pedía, 17 días después de aprobar el cierre del matadero, la autorización necesaria.

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada, tardó 24 horas en contestar a López Amor. Le escribió una carta firmada y con registro de salida donde no aparece ni la palabra autorización ni la palabra dispensa. Posada repite los argumentos que ya le daba su compañero López Amor sobre la existencia de mataderos -la consejera atina a concretar que son 14 los existentes en la región- Según Posada, estos degolladeros "tienen capacidad de sacrificio suficiente para abastecer la demanda de consumo de carne de la capital del Estado". Este documento, aportado por López Amor como prueba oficial de la autorización regional, no incorpora estudio técnico alguno ni firmas de funcionarios sanitarios que acrediten la dispensa.

El PSOE no concedió a la correspondencia entre López Amor y Posada valor oficial e intentó anular el acuerdo del Pleno sobre las naves de sacrificio con la ayuda del secretario general, Mario Corella. Le pidió un informe sobre la legalidad del cierre del matadero. Corella reconoce en su dictamen que el expediente que permitió la clausura carecía de la autorización de la Comunidad. "Sin embargo", matiza Corella, "el señor concejal [López Amor] nos ha dicho que sí existe; hay entonces un defecto en la formación del expediente, no en el expediente en sí. La mera incorporación de esta autorización sanaría totalmente los posibles defectos que pudieran achacarse al expediente". El secretario general no analiza si la carta de Rosa Posada sirve como autorización oficial. Tan sólo escribe: "Parece que se han cumplido los requisitos requeridos por la normativa citada".

Esta conclusión hizo estallar el viernes al socialista Juan Barranco: "Un informe del secretario general no puede decir que parece que todo es legal. Lo es o no lo es. Nosotros pensamos que no". El PSOE presentará un recurso contencioso-administrativo pidiendo la nulidad del acuerdo que tapió definitivamente las puertas del matadero.