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UN CARGADO PLENO MUNICIPAL

El secretario municipal cree irrelevante el fallo sobre Decaux que reclamó el Consejo de Estado

"Absolutamente correcto y moralmente intachable". El alcalde José María Alvarez del Manzano dio ayer por zanjada la polémica sobre la adjudicación de los chirimbolos al empresario Jean-Claude Decaux -condenado en Bélgica por cohecho en 1992- con protestas de ética y legalidad en la actuación municipal. El regidor se ampara en un informe del secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella, para no pedir la sentencia que condenó a Decaux y abrir así la vía para la revisión del contrato. Corella cree "irrelevante" su obtención, pese a que el Consejo de Estado la reclamó expresamente.

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El secretario, máximo guardián de la legalidad en la administración municipal de Madrid, comienza su informe con la afirmación de que él "no puede formular ninguna opinión" sobre la petición del fallo.Arguye que se trata de una "decisión política", para rematar sentando que "siendo improcedente la revisión de oficio" del contrato, "es irrelevante la aportación de la sentencia".

Corella basa su declaración de improcedencia de la revisión en el hecho de que no puede ser aplicada a la adjudicación la nueva Ley de Contratos del Estado (de junio pasado) porque el contrato se formalizó en julio de 1994. (IU pretendió en un principio que se aplicara la ley recientemente aprobada).

En las nuevas normas se especifica que incurren en incompatibilidad para contratar con las administraciones los condenados en tribunales españoles o europeos por determinados delitos (entre ellos el cohecho). La redacción anterior se refería a "españoles o extanjeros" condenados o procesados por esos mismos delitos, y no hacía mención a tribunales europeos.

Pero el grupo municipal socialista nunca pidió la anulación en función de la ley nueva, sino sobre la anterior (teniendo en cuenta una directiva comunitaria al respecto). Sin embargo, el alcalde no se aviene a solicitar el fallo del tribunal belga y desestimó sendas proposiciones del PSOE e IU para solicitar la sentencia por los conductos legales.

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"Me gustaría no tener que contratar con personas con una cualificación moral dudosa", dijo; "no califico al señor Decaux; la petición de la sentencia produciría mayor confusión y es innecesaria", proclamó.

No lo creyó así el Consejo de Estado cuando solicitó por escrito al alcalde que le enviase el fallo del tribunal belga para poder pronunciarse sobre la procedencia de la revisión de oficio del contrato del mobiliario urbano.

El regidor hizo caso omiso y se limitó a pedir a los portavoces de la oposición datos sobre la sentencia. "Al carecerse de un texto auténtico de la sentencia, falta un presupuesto indispensable para que pueda incoarse el procedimiento de revisión de oficio", dictaminó el Consejo.

Ni ruegos ni citas

Tampoco valió de nada que la concejal socialista Ruth Porta invocase el discurso de investidura del alcalde, repleto de alusiones a la ética que debe presidir la acción política.Ni la alusión al hecho de que un miembro del PP (José María Robles Fraga) utilizase, quizá indebidamente, la valija diplomática, a la que tenía acceso por su condición de cónsul general en París, para hacer llegar a José María Aznar las cartas en las que Jacques Chirac -a la sazón alcalde de París, y actual presidente de la República Francesa- le recomendaba a Decaux.

Ni el ruego de que se solicitase la sentencia para eliminar cualquier sombra de duda sobre el Ayuntamiento de Madrid conmovió a Álvarez del Manzano.

Vista la escasa influencia de sus palabras sobre el alcalde, la concejal Porta anunció al regidor que le exigirá Ias máximas responsabilidades políticas" si los tribunales se pronuncian contra la adjudicación, "por haber defendido a una empresario corrupto".

Una empresa que participó en el concurso de los chirimbolos y el grupo municipal de IU han presentado sendos recursos ante los jueces. "Si esto le hubiese pasado al PSOE, ¿cuántas veces habríamos oído ya la palabra dimisión?", se preguntó Porta.

El portavoz de IU, Paco Herrera, protestó cuando el concejal de Obras, Enrique Villoria, calificó de estéril la polémica de los chirimbolos y atribuyó las quejas de la oposición al ambiente preelectoral.

"No está bien que el Ayuntamiento de Madrid contrate con un empresario corrupto y mafioso cuya ubicación natural es el cartel de Cali y no el negocio del mobiliario urbano", espetó Herrera, quien añadió que Decaux ha engañado al Ayuntamiento al omitir su condena en la declaración de incompatibilidades que presentó su empresa. Villoria negó que Decaux hubiese mentido, puesto que la declaración (obligatoria) sólo se refiere a las causas de incompatibilidad que especifica el artículo 9 de la Ley de Contratos. Y lo leyó. Prohíbe, dijo, contratar con aquellas personas condenadas o procesadas "por delitos de falsedad o contra la propiedad". Y ahí calló. Decaux no incurrió, que se sepa, en ninguno de esos delitos. Pero el artículo no llevaba un punto final donde Villoria dejó de leer. Sigue así: "... o por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada".

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