Injerencia gratuita

LA ACLARACIÓN de Felipe González era necesaria. Aunque él no hiciera declaraciones públicas sobre supuestas segundas intenciones de los jueces al procesar a su ex ministro Barrionuevo en vísperas de una campaña electoral, otros socialistas sí las han hecho. Y algunos de ellos incluso se las han adjudicado a su secretario general. Y si es cierto que algunas reacciones de la oposición o las asociaciones de jueces han sido más bien desaforadas, también lo es que determinados antecedentes invitaban a dar por buenas las manifestaciones que se atribuían al presidente del Gobierno. Y era su condición de tal lo que las convertía en inquietantes. Felipe González no es un particular que expresa una opinión privada sobre una decisión judicial, ni siquiera el dirigente de un partido político. Es la re presentación máxima del poder ejecutivo. Cualquier cuestionamiento por su parte de resoluciones emanadas del órgano máximo del Poder Judicial tiene por ello un significado grave. De ahí que le sea exigible extrema prudencia. La misma, por lo demás, que sería de esperar de los jueces cuando hablan de asuntos políticos. En caso contrario, sería inevitable interpretar tales pronunciamientos como una forma más o menos velada de presión sobre los jueces. Lo que con razón se reprochó al secretario general del PP, Álvarez Cascos, cuando dijo lo que dijo. Con la diferencia en favor de Álvarez Cascos de que él no hablaba desde la cúpula del poder ejecutivo.

Hablar de desacato, de ataque frontal al Estado de derecho, de intento de domesticar a la justicia, como han hecho algunos con más velocidad que reflexión, constituye una desmesura. Pero los porta, voces socialistas que pusieron en marcha todo este inmenso y peligroso malentendido y los que lo dejaron crecer han pecado directamente de necedad e insensatez, si es que no albergaban precisamente la intención de presionar o interferir en la actividad de la justicia. Eran, por tanto, necesarias las aclaraciones personales del presidente del Gobierno.

Para empezar, no es cierto que exista una "ley no escrita" en virtud de la cual en periodo electoral los jueces deben aplazar las diligencian que afecten a las personas aforadas. Existe un antecedente, en relación al caso Filesa precisamente. Pero no es un uso establecido ni un precedente vinculante. Además, en este caso el instructor no tenía más remedio que decidir el procesamiento una vez que, por exigencia de una de las partes personadas, hubo de pronunciarse sobre si procedía o no decretar la prisión provisional de Barrionuevo. Una vez decidida la libertad con fianza (equivalente a prisión eludible mediante fianza), lo peor habría sido dilatar indefinidamente la consecuencia lógica que se derivaba de esa resolución: el procesamiento formal.

Cierto es que un criterio de prudencia aconsejaría evitar en la, medida de lo posible decisiones judiciales que puedan afectar a la campaña electoral. Pero si el procesamiento de Barrionuevo era seguro, se interferiría menos materializándolo antes de que se cerrasen las listas. Así lo hizo Móner. Más motivo de. reproche habría habido si, por dilatar su decisión, no hubiera dado a los socialistas la oportunidad de resolver sobre la inclusión o no del ex ministro en sus candidaturas con pleno conocimiento de causa. Nadie puede ya llamarse a engaño. Uno de los integrantes de la lista está procesado por tres graves delitos.

Se ve que el margen de maniobra de la dirección socialista para tomar esa decisión era, a estas alturas, bastante limitado. La argumentación invocada es que se trata de defender la autonomía del PSOE respecto a las presiones externas. Se sobreentiende que de poderes ajenos, como la prensa o la judicatura. Y sin embargo, la decisión dependía ante todo de una decisión personal de José Barrionuevo Peña. Si el ex ministro del Interior no renunciaba voluntaria mente a presentarse, en nombre de los principios o del criterio pragmático de no perjudicar a su partido, éste malamente podía imponerle otra decisión después de haber callado durante 12 largos años sobre las sospechas de implicación del aparato del Estado en la guerra sucia.