El PP recurrirá al sector privado para financiar la construcción de infraestructuras urgentes
La financiación privada de infraestructuras es tan vieja como el puente colgante de Portugalete, gestionado por una empresa particular. El Partido Popular recurrirá a este procedimiento para construir infraestructuras urgentes. El gobierno de Murcia ha lanzado la iniciativa, ampliamente debatida en la Comisión sobre Infrestructuras del Grupo Popular del Congreso, que preside Jesús Posadas. El PP tiene como referencia el modelo británico, que deja en manos privadas la financiación de las obras, pagadas a plazos por, el Estado durante el periodo de concensión a través del llamado peaje en la sombra.
Donde no hay costumbre de pagar por utilizar una carretera, nadie se atreve a implantar peajes. Son antipopulares. Lo son incluso aquellos que llevan años establecidos. En la Comunidad Valenciana no son pocos los días que grupos de ciudadanos bloquean las cabinas de peaje de la autopista A-7 mediante el pago, peseta a peseta de las tarifas. Algunos se las han visto en los juzgados por boicotearlas.Alcaldes de municipios cercanos y la propia Generalitat han presionado para evitar que prospere un preacuerdo negociado entre el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente (MOPTMA) y la sociedad concesionaria de la autopista que reducía las tarifas a cambio de una prórroga de la concesión.
Consideran que la rebaja aplicada a los automóviles era insignificante para persuadirles de que es más cómodo circular por la autopista que por las congestionadas carreteras que discurren en paralelo. Exigen que sean gratuitas.
Todo el mundo demanda carreteras de gran capacidad, pero nadie está dispuesto a pagar su elevado coste. Cada kilómetro de las autovías de Galicia o Asturias-Cantabria vale más de mil millones de pesetas.
La exigencia de nuevas autopistas o carreteras de gran capacidad choca con una tendencia generalizada a disminuir la deuda pública y a que las administraciones centrales o autonómicas reduzcan su enorme déficit.
El plan de convergencia avalado en Maastricht impone reducir a la mitad el déficit nacional para el año que viene. Con este horizonte ¿cómo se va a poner en marcha un solo kilómetro nuevo de autovía si no hay dinero ni posibilidades de endeudamiento?
En el MOPTMA hace tiempo que se barajan fórmulas para implicar a los usuarios o al sector privado en la financiación de las infraestructuras, pero ninguna ha llegado a cuajar. Ni siquiera prosperó la conversión de la Dirección General de Carreteras en agencia de gestión autónoma, aunque ésa fue la condición para aceptar el puesto de su actual titular, Juan José Dómbriz. Puertos y Aeropuertos, en cambio, sí se transformaron en entidades autogestionadas.
Sólo algunas grandes obras de las contempladas en el Plan Director de Infraestructuras está previsto financiarlas mediante recursos privados. El AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa es una de ellas. El MOPTMA convocó un concurso a finales de diciembre pasado para realizar un estudio prospectivo sobre la disposición del mercado financiero a participar "en la construcción de la línea".
El Partido Popular va más lejos. En la comisión de infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, que preside Jesús Posadas han barajado las fórmulas que se aplican en todo el mundo para implicar al sector privado en la construcción de obras civiles. "No inventamos nada nuevo", afirma Posadas. "Quiero ser prudente en esto, porque existen muchas posibilidades y muchas fórmulas para aplicar en cada caso".
'Peajes blandos', tampoco
A Posadas le parece interesante la iniciativa de Murcia, cuyo presidente regional, también del PP, pretende financiar desaladoras y autovías regionales según el modelo británico y alguna otra experiencia desarrollada en Norteamérica.
La fórmula consiste en otorgar la concesión de una obra civil a un consorcio o una sociedad y aplazar su pago por parte de la Administración mediante un canon o shadow tolls (peaje oculto) durante el periodo que dure la concesión (de 20 a 30 años).
"Puede ser esta fórmula u otra mixta, donde la Administración pague el 50% y el resto se amortice mediante la implantación de peajes blandos a los usuarios", añade Jesús Posadas.
El presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, intentó ensayar estos peajes en la autovía La Coruña-Carballo en los 17 kilómetros que hay construidos de la autovía La Coruña-Carballo, pero la fuerte oposición de los vecinos ha disuadido a la Xunta de Galicia de llevar a cabo su propósito.
En una campaña electoral la Xunta prometió que la autovía, así como la variante de Carballo, seria gratuita. La polémica suscitada por la oposición vecinal a ningún tipo de peaje tiene paralizada la ejecución del resto del tramo, vital para las comunicaciones del noroeste gallego, ya que ostenta uno de los mayores índices de siniestralidad en carretera de toda España.
