El censo electoral incluye 500.000 votantes de más por la picaresca municipal
El último censo ofrece la oportunidad de votar a medio millón de electores inexistentes. Muchos de ellos existen, pero tienen opción a votar dos veces al estar inscritos indebidamente en dos municipios distintos, según se desprende de contrastar los datos del censo electoral con la evolución demográfica del país.
Mientras la tendencia demográfica muestra un estancamiento de la población, cuando no un descenso, el censo electoral no para de crecer: 29,6 millones en las generales de 1989, 30,2 en las municipales de 1991, 31 en las generales de 1993, 32 en las últimas municipales y 32,449 millones para la cita del próximo día 3 de marzo."No se corresponde este crecimiento con el balance demográfico entre los nacidos durante los años 1971, 1972, 1973, 1974 y 1975 con los fallecidos desde 1989 a 1995; la diferencia arroja un millón de españoles en exceso que, a efectos electores, se quedan en torno al medio millón", advierte un demógrafo, sorprendido por este clavo estadístico.
La prueba de que el censo de población, el electoral y los padrones municipales no son coincidentes ni del todo fiables está en que el Gobierno ha decidido modificar su sistema de validación. Se actualizará anualmente, en lugar de cada cinco años como hasta ahora.
Todo el procedimiento para implantar el cambio, previsto para iniciarse a partir del día 1 de marzo, se ha suspendido y retrasado hasta el mes de mayo, al coincidir con las elecciones generales.
Según un delegado provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renovación y actualización del censo "es una gran movida que encuentra muchas dificultades para llevarla a cabo con rigor. El mayor obstáculo estriba en los Ayuntamientos. Muchos de ellos no. están preparados técnicamente para hacerlo. Les damos algunas ayudas, pero son insuficientes. Se hacen los remolones, bien porque dicen no entender los formularios o porque no les conviene dar de baja a quienes se mueren o emigran a otro municipio".
Esta reticencia tiene, en ocasiones, motivos puramente económicos. Los Ayuntamientos reciben subvenciones en función del número de habitantes y los secretarios cobran en la misma proporción. En las zonas rurales la picaresca tiene aquí un buen caldo de cultivo.
Alcaldes de pequeñas poblaciones de las provincias de Álava o Granada, por citar algunos ejemplos, confiesan sin rubor su negativa a dar de baja en el padrón municipal a nativos que hace decenas de años residen en Madrid o Barcelona.
Fuentes del INE admiten también su responsabilidad en la falta de eficacia para poner al día datos fiables. "Hay que tener en cuenta que la renovación es complicada; la gente no siempre está en casa cuando se rellena el padrón, se repiten los desplazamientos de los agentes...".
El período más duro para los funcionarios del INE es precisamente éste, el que coincide con el plazo de admisión de reclamaciones del censo electoral. "Nos llegan multitud y las enviamos a Madrid, donde me consta que reciben montones. No dan abasto. Este proceso podremos efectuarlo nosotros, automáticamente, cuando apliquemos los sistemas informáticos que estábamos a punto de estrenar antes de que se convocaran las elecciones", afirma un delegado provincial del INE que prefiere no ver publicado su nombre.
Los errores del censo propician el fraude electoral. Hay votantes doblemente inscritos, que pueden votar por correo en una circunscripción y hacerlo en persona en otra población.
La desviación entre los electores reales y los inscritos altera las prospecciones, según denuncian los expertos que realizan las encuestas de proyección de voto. "El exceso del número de censados sobre los votos reales arroja un porcentaje de abstención del 3% que resulta ser falso", afirma una analista electoral.
A primera vista, los mecanismos de altas y bajas censales y el control de las migraciones son simples, pero de hecho arrojan cifras trufadas. "La logística y el procedimiento de control sobre la veracidad de los datos son a todas luces insuficientes y poco eficaces", concluye el demógrafo, que, avisado, despreciará un 3% del porcentaje de abstención que ofrezca el escrutinio.
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