Los tres delitos

EL JUEZ Móner ha procesado a José Barrionuevo por tres delitos en relación con los GAL: detención ilegal de Segundo Marey, dirección de banda armada y malversación de caudales públicos. Y lo, ha hecho básicamente por dos motivos: el reiterado testimonio incriminatorio de los antiguos subordinados de Barrionuevo en Interior y la mayor credibilidad que, a juicio del instructor, cabe atribuir a las versiones da das por aquéllos en los varios careos mantenidos con el ex ministro. Los mismos motivos han llevado al juez Móner a procesar a Rafael Vera por un delito relacionado con banda armada, que se añade a los de detención ilegal y malversación.El procesamiento de Barrionuevo no se basa en una extralimitación en sus funciones, como sugirió González en su entrevista radiofónica de ayer. Quiera verlo o no el presidente, en el auto se le imputa algo mucho más grave: haber organizado desde la cúspide del aparato de seguridad del Estado una organización delictiva destinada al secuestro y asesinato de terroristas de ETA. Ninguna valoración subjetiva -gran ministro, defensor de las libertades y otras esgrimidas ayer por los socialistas- elimina las imputaciones: los GAL, nacidos en y amparados por el aparato de seguridad del Estado, operaron criminalmente durante años, siendo el entonces ministro del Interior la máxima autoridad de ese aparato.Es cierto que la imputación a Barrionuevo, no pasa de ser provisional. Será un tribunal de justicia, la Sala Segunda del Supremo u otro, el que dilucide el fundamento de esa imputación. Pero los indicios delictivos apuntados por el juez tienen base suficiente para llevar al primer ministro del Interior socialista a juicio y obligarle a articular una defensa en toda regla sobre hechos que no pueden dejar de afectar al Gobierno y al PSOE. Otra cosa es que se mantengan como definitivas algunas interpretaciones legales que Móner avanza en el auto de procesamiento. Por ejemplo, su tesis de que el delito de detención ilegal de Segundo Marey no está prescrito o que el presunto grupo delictivo formado por Barrionuevo y sus subordinados constituya una banda armada y no una mera asociación ilegal.

Pero el procesamiento de Barrionuevo puede tener efectos, más inmediatos. De momento, el mero hecho de no estar en prisión preventiva, gracias a una fianza, de 15 millones de pesetas, puede evitar que se le apliquen medidas pensadas en su día para impedir la, presentación de presos de ETA como candidatos, en las listas electorales de Herri Batasuna, promovidas entonces por el propio Barrionuevo. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por medio de persona integrada o relacionada con bandas armadas, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

El procesamiento contra Barrionuevo no es todavía firme. Pero pocas dudas caben de que lo será una vez que su defensa agote la vía de los recursos. Y no es descartable en principio que la libertad provisional de Barrionuevo pueda trocarse en la de prisión preventiva si aparecen nuevos datos o circunstancias que lo aconsejen. De ser así, afectaría de plano a las actuales funciones de Barrionuevo como miembro de la Comisión Permanente del Congreso. Las graves acusaciones, especificadas en el auto también ponen en entredicho su posible, inclusión en las listas electorales del PSOE. Es cierto que el procesamiento no constituye motivo legal de inelegibilidad, pero el hecho de que también se le acuse de pertenencia a banda armada tiene que condicionar su posible elección. En caso de insistir en su candidatura, el PSOE sabe desde ahora que presenta a alguien que podría ser suspendido en algún momento en sus funciones de diputado. Independientemente del oprobio y del desafío que supone para los votantes socialistas su nombre en la lista electoral.