Roldán, acusado de malversación y falsificación en su etapa como delegado del Gobierno en Navarra

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia de Pamplona, Antonio Rubio, dictó ayer auto de prisión provisional, eludible mediante el pago de una fianza de siete millones de pesetas, y otros cuatro millones en concepto de responsabilidad civil para Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, a quien se acusa de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos durante su etapa como delegado del Gobierno en Navarra. Roldán ya está en la cárcel de Brieva (Ávila) en prisión incondicional por otras causas.

El juez, que tomó declaración días atras a Roldán durante más de cuatro horas, considera probado que, durante su etapa como delegado del Gobierno en Navarra, se falsificaron facturas y se malversaron caudales públicos que provenían de dos cuentas de la Delegación, destinadas a fondos de protocolo y en las que se recibían dos millones de pesetas trimestrales procedentes de Interior.Según la resolución de Rubio, dichos "gastos inexistentes se justificaban siempre mediante documentos falsos" ante los organismos que los fiscalizaban: la Intervención delegada de Economía y Hacienda e Interior.El juez utiliza para imponer la fianza a Roldán los mismos argumentos utilizados cuando impuso otra de diez millones de pesetas al sucesor de éste en la Delegación y. actual secretario del Consejo de Administración de Astilleros Españoles (AESA), Jesús García Villoslada, en libertad provisional bajo acusaciones semejantes. En concreto, afirma que "la especial significación del cargo" confería a Roldán una "especialísima responsabilidad" en la comisión de estos delitos, entre enero y octubre de 1986.En el auto se explica que, además de las facturas duplicadas de diversos gastos en restaurantes y bares, ambos delegados sucesivos, Roldán y García Villoslada, falsificaron firmas y exigieron a mujeres del servicio de limpieza de la Delegación que firmasen recibos inexistentes por la compra ficticia de productos para su trabajo y conceptos salariales falsos de 50.000 pesetas. Por este y otros procedimientos, el juez atribuye a Roldán una malversación documentada de al menos dos millones de pesetas.

Rubio se refiere también a los pagos efectuados al entonces jefe superior de policía de Pamplona, Antonio Pascual, a quien en el periodo investigado se le entregó medio millón de pesetas para "necesidades varias relacionadas con los servicios periciales y la seguridad ciudadana". Esas cuantías se justificaron mediante nueve recibos de 150.000 pesetas, uno de 115.000 y otro de 100.000. El juez comenta que los conceptos de entrega del dinero "poco o nada tienen que ver con el de gastos protocolarios".

Según el auto, Roldán participó "activa y materialmente" en los presuntos delitos que se le imputan. Precisamente, el que fuera su secretario personal en la Delegación, José Galbete, así lo admitió expresamente ante el juez. Galbete quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de dos millones y habiendo declarado que actuó siempre de conformidad con las instrucciones recibidas de sus superiores. De igual forma, al menos una limpiadora manifestó que fue presionada por Roldán para firmar recibís falsos.

A la declaración de García Villoslada, que relató que la falsificación de facturas era un medio corriente para justificar gastos en muchas delegaciones gubernamentales en aquella época, se une la reflexión del juez, que califica de "innumerables" las sospechas de falsedad en otros pagos y facturas que no han podido ser contrastadas.

En esta investigación están igualmente, procesados Mariano Berduque, ex secretario general de la Delegación, así como la ex habilitada María José Rubio y su marido.