Disputa permanente

LA MESA de la Diputación Permanente del Congreso ha desestimado por mayoría la petición de Izquierda Unida y el Partido Pupular para que el presidente del Gobierno comparezca ante esa institución para explicar sus responsabilidades en el caso GAL una vez decretada la libertad con fianza de José Barrionuevo. El PP solicitaba también que González explicase lo relativo a la adjudicación, hace años, dejas obras del metro de Medellín (Colombia) y la intermediación del empresario Enrique Sarasola. Ello ha planteado la cuestión de si la Diputación Permanente -formada por 21 diputados y constituida para asumir algunas funciones de especial urgencia entre la disolución de las Cortes y la constitución de las nuevas cámaras- es un órgano competente para las tareas parlamentarias de control del Gobierno.Sin duda es el derecho del PP e IU -y es posible que hasta su deber- pedir, explicaciones sobre los GAL cuantas veces consideren oportuno. Incluso siendo patente que la posición de González, expuesta unas veces por propia iniciativa ante los medios de comunicación y otras ante el Parlamento a requerimiento del PP e IU, es conocida: que el asunto "no le incumbe" y que la eventual asunción de responsabilidades políticas no tiene por que producirse antes de que exista una sentencia firme de los tribunales. Es una actitud más que discutible, y, desde luego, criticable. Pero ello no autoriza a la oposición a utilizar una institución como la Diputación Permanente para tareas que, por urgentes que le parezcan a Anguita o a Aznar, no encajan en las funciones de un órgano provisional por naturaleza y con funciones muy precisas, sobre todo cuando las Cortes están disueltas: convalidar o derogar los decretos ley dictados por el Gobierno "en casos de extraordinaria y urgente necesidad" y asumir las funciones del Congreso en situaciones que den lugar a la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. La mención de la Constitución a la tarea de "velar por los poderes de las cámaras" se refiere a los periodos de vacaciones entre dos sesiones, y no es aplicable al supuesto de que estuvieran disueltas.

El precedente que se invoca de la comparecencia de González para explicar la crisis de gobierno de 1985 no sirve, puesto que se trataba de un periodo de vacaciones parlamentarias pero con las cámaras en plena vigencia. La jurisprudencia no parece favorecer, por lo demás, la pretensión del PP e IU. En mayo de 1986, con las Cortes disueltas, el Grupo Popular pidió la convocatoria "inmediata y urgente" de la Diputación Permanente del Congreso para que el Gobierno informara, entre otros asuntos, sobre las modalidades de participación de España en la OTAN y las escuchas telefónicas a un senador. La convocatoria fue aplazada a un fecha posterior a las elecciones.