Banesto se libra del 97 millones de multa por la deficiente tramitación municipal

La lentitud municipal -18 meses para tramitar una sanción- mantiene impune "la mayor infracción urbanística de la historia", según la calificación usada por Juan Barranco (PSOE). Banesto levantó sin licencia cinco edificios en Hortaleza entre 1989 y 1993. El gobierno local concluyó el expediente en julio de 1995, un año más tarde de lo que determina la ley, con una propuesta de sanción de 97 millones de pesetas. Pero la Comunidad de Madrid, que decide sobre las multas superiores a 50 millones, ha devuelto el expediente por "caduco". El Ayuntamiento tramitará de nuevo la multa a Banesto.

Pedro Ortiz (PP), director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, atendió los consejos de sus servicios jurídicos y devolvió el caso Banesto al Ayuntamiento de Madrid. "Si hubieramos resuelto el expediente sancionador y castigado a Banesto con los 97 millones de pesetas, el banco podría haber recurrido la multa por caduca. Y hubiera llevado razón, pues este tipo de sanciones tienen que tramitarse en seis meses y la Gerencia Municipal de Urbanismo tardó más de un año", explica.La Comunidad de Madrid resolvió hace un mes: declaró la caducidad del expediente sancionador a Banesto y se lo devolvió al Ayuntamiento de Madrid. Ahora comunicará al banco su decisión.

La Administración regional avisa: "El Ayuntamiento puede volver a incoar él expediente sancionador contra Banesto. Si no lo hace, la Comunidad podría subrogarse esa competencia para no dejar sin castigo la infracción", explica Ortiz.

En el municipio replican: "La caducidad del expediente no da lugar a perdón, sino a demora", señaló, ayer un portavoz de la Gerencia Municipal de Urbanísmo. Sus dirigentes reconocen el defecto formal y lo explican asi: "A la vez que abrimos el expediente sancionador se inició otro trámite para legalizar las obras ilegales. Pero estos procesos se escaparon un poco de plazo". Algo habitual, según el portavoz municipal.

En Banesto ayer prefirieron el silencio. El nuevo equipo directivo tan sólo pretende normalizar sus relaciones con el Ayuntamiento y arreglar los problemas urbanísticos surgidos durante el mandato de Mario Conde.

El PSOE, que destapó las irregularidades urbanísticas ocurridas en la fina de Hortaleza, lamentó el desenlace administrativo de su denuncia. "Es intolerable que haya caducado el plazo para poner la sanción. Ha ocurrido pese a que, supuestamente, todo el mundo estaba encima de esta infracción, que nosotros denunciamos en febrero de 1993", estalló el edil socialista José María de la Riva.

Los socialistas no confían en la solución adoptada por el Gobierno local del PP tras la negativa de la Comunidad a aprobar la sanción decidida por los gestores municipales.

Legalizar lo ilegalizable

El edil socialista no cree a los dirigentes de la Gerencia de Urbanismo. "¿Cómo es posible entender que el PP diga que no hay perdón cuando lo que ha hecho ha sido legalizarle una parte de las construcciones ilegales? Según los informes de la Gerencia de Urbanismo, esas edificaciones eran ilegalizables". Y remacha: "Cómo nos vamos a creer que hay disciplina urbanística en la ciudad cuando el PP sigue como siempre, protegiendo a los poderosos".

La cruzada del PSOE contra las obras de Banesto viene de lejos. Juan Barranco, portavoz socialista, denunció en febrero de 1993 diversas obras ilegales en la finca propiedad de Banesto en Hortaleza.

El predio, de 173.000 metros cuadrados, es utilizado como club social del que disfrutan los 5.000 trabajadores de Banesto en Madrid. La parcela, además de piscinas, campos de fútbol, tenis y squash, tiene edificios de oficinas y más de un centenar de viviendas para sus empleados.

Entre las infracciones urbanísticas, que también denunció reiteradamente la sección sindical de UGT en Banesto, el PSOE resaltó la. instalación de cuatro prefabricados sobre un campo de fútbol -que ya han sido retirados y la tala de 221 árboles (pinos y chopos principalmente) para construir otros dos edificios.

Según Barranco, Banesto pretendía trasladar a estos edificios de Hortaleza, construidos sin autorización municipal, alguno de los servicios del banco, instalados en edificios céntricos de la capital (Amador de los Ríos, Cedaceros, Comandante Zorita y Zorrilla), cuya venta le reportaría a la entidad financiera unos 20.000 millones de pesetas.