El alcalde de Las Rozas pierde un juicio contra los dos expedientados
El Ayuntamiento de Las Rozas (localidad de 45.888 habitantes) ha perdido, por segunda vez, un juicio contra Marcos Valencia, abogado urbanista, y José Félix Heredero, arquitecto municipal. Ambos funcionarios se personaron ante el juez para recurrir el decreto de la alcaldía que les suspendió temporalmente de sus cargos públicos.El alcalde, Bonifacio de Santiago, del PP, retiró a Valencia y a Heredero del Ayuntamiento en agosto por una presunta corrupción urbanística. Valencia y Heredero afrontan, junto con el ex alcalde del partido socialista Jesús Zúñiga y tres de sus concejales, otros dos procesos judiciales bajo las mismas acusaciones.
El tribunal se ha pronunciado ya por dos veces a favor de Valencia y Heredero. La primera sentencia anuló el decreto de la alcaldía el día 20 de noviembre. El Ayuntamiento la recurrió sin éxito, puesto que el juez ratificó su decisión inicial el 22 de diciembre.
Error formal
Un error formal en la sanción es el motivo de tales resoluciones judiciales: "La suspensión de funciones está necesaria mente unida a la instrucción de un expediente disciplinario", según explica la sentencia.El PSOE municipal abrió el expediente sancionador en marzo del 94 y lo cerró pasado un año.
El informe final del instructor aconsejó la separación de ambos funcionarios de los cargos públicos que desempeñaban por ser incompatibles con el desarrollo de actividades privadas. Sin embargo, la comisión de gobierno, entre ellos Zúñiga, no aceptó tal informe y archivó el expediente.
Tal decisión fue interpretada por los demás grupos municipales como la paralización de una investigación sobre una supuesta trama de corrupción urbanística.
Sin embargo, De Santiago se ha adelantado a las resoluciones judiciales y ha tomado sus propias precauciones. Presentó, ante el pleno de noviembre de 19515, la reapertura del expediente disciplinario y la inmediata suspensión definitiva de los dos funcionarios. Ambos puntos se aprobaron por unanimidad.
Valencia y Heredero piensan abrir otro enfrentamiento judicial contra esa decisión plenaria. Las plazas de estos funcionarios están ocupadas por otros trabajadores.
