Penas menores a las pedidas en el juicio de las redes de apoyo a ETA en Francia

El Tribunal Correccional de París absolvió ayer a diez (seis franceses y cuatro españoles) de los 81 inculpados en el macroproceso contra las redes de apoyo a ETA en Francia y condenó a los restantes a penas inferiores a las solicitadas por la fiscal antiterrorista, Irene Stoller.La mayor de las impuestas a los procesados, 39 de ellos españoles, es de ocho años de prisión: a Miguel Gil Cervera, Kureka, por pertenencia a una asociación de malhechores con relación a una actividad terrorista. Stoller había pedido diez años tanto para él como para Ignacio López de Vergara, condenado a seis; e Ignacio Bilbao Beaskoetxea, Iñaki Lemona, y Faustino Villanueva Herrera, Txapu, condenados a cinco. Este último está considerado como el responsable de la trama de alojamientos clandestinos montada en la región de Bretaña.

El juez también redujo las penas solicitadas para tres históricos de ETA: José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto; José Luis Ansola Larrañaga, Peio el Viejo, y Sabino Euba Zenarruzabeitia, Pelopintxo. Los dos primeros sólo han sido condenados a penas condicionales y el tercero a tres de los cinco años pedidos por la fiscal.

Los doce etarras que fueron juzgados en rebeldía fueron condenados a penas que oscilan entre, los tres y los cuatro años de prisión. Entre ellos se hallan los calificados como actuales jefes de los aparatos de formación y falsificación de la banda, Juan Mauri Insausti Mújica, Kárpov, y Vicente Goikoetxea Barandiarán, Willy, al igual que Ángel Alcalde Linares, diputado de Herri Batasuna.

El párroco de Espelette

Stoller pidió penas que iban desde los cuatro meses hasta los dos, años de prisión condicional para los franceses acusados de prestar apoyo logístico a miembros de ETA que había huido de España. Pero el tribunal ha condenado a tan sólo una de ellos, Annik Lagadec, a un año en firme. En el apartamento de esta mujer se alojaron varios dirigentes etarras y se hallaron explosivos y armamento de la organización terrorista.El párroco de Espelette (Francia), François Garat, fue condenado a dos años de prisión condicional frente a los cuatro pedidos por Stoller. El sacerdote justificó el haber albergado a miembros de ETA aludiendo a la "caridad cristiana". En su domicilio estuvieron varios componentes de la banda después de haber cometido acciones delictivas en España.

La acusación que pesaba sobre la mayoría de los españoles era la de pertenencia a una asociación de malhechores. Los franceses fueron juzgados por haber dado cobijo en sus residencias de Bretaña a etarras. Una operación hispanofrancesa posibilitó en 1991 que fuesen desmanteladas algunas de las redes de apoyo de la organización terrorista en esa zona del país vecino.