Los jueces retrasan los pleitos para protestar por el colapso que sufren

VIENE DE LA PÁGINA 1Los asuntos urgentes -interdictos, medidas provisionales derivadas de una separación matrimonial, un expediente de quiebra empresarial o suspensiones de pagos...- no sufrirán ninguna demora y se tramitarán sin dilación el mismo día en que se reciban en el decanato.

La idea de los jueces, según expresaron ayer en conferencia de prensa cuatro de ellos -encabezados por la juez decana de Madrid, Manuela Carmena-, no es colapsar aún más los juzgados.

Con esta iniciativa persiguen, según explicaron ayer a los periodistas, "llamar la atención del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia para que comprendan que estamos en una etapa terminal", explicó el magistrado Álvaro Lobato, vicedecano de los juzgados de primera instancia madrileños y titular del Juzgado número 2.

Oficina judicial

Ante este endémico mal, que lleva años traduciéndose en agobiantes demoras antes de que el ciudadano halle una respuesta judicial a su pleito, los jueces entienden que una de las soluciones -pero no la única- es crear más juzgados de primera instancia en la capital de España.

También reclaman la reforma y modernización de la oficina judicial, que permita una mayor racionalización de los recursos y una modificación del procedimiento que regula los pleitos civiles. O sea, cambiar la ley para agilizar la tramitación de los litigios civiles (divorcios, separaciones, incapacidades, demandas, desahucios, impago de hipotecas, quiebras, problemas de arrendamientos...).

Uno de los magistrados apuntó ayer como solución, aparte de la creación de nuevos juzgados, la necesidad de "introducir criterios de gestión empresarial en los juzgados". Y apoyó también, dada la actual situación de colapso, la posibilidad de "incentivar" a los funcionarios de los juzgados de primera instancia, que son, dijo, los peor remunerados de los órganos judiciales, a pesar de que se enfrentan a procedimientos muy complejos (quiebras, suspensiones de pagos...).

Los magistrados basan sus reivindicaciones en la estadística: cada uno de los 65 magistrados de lo civil que hay en Madrid recibe al año en su juzgado alrededor de 1.200 asuntos y dicta, aproximadamente, unas 900 sentencias, el triple de lo establecido como recomendable por el Consejo del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces). El límite de lo razonable, por arriba, debería estar en unas 700 sentencias al año, lo que permitiría a cada magistrado razonar con mayor tiempo y sosiego sus decisiones, explicaron los magistrados.

Hace años que se disparó en Madrid el número de litigios. A lo largo de 1994 se registraron 78.348 asuntos, frente a los 78.316 del año anterior. Y sin contar otros que, por una u otra causa, llevan años tramitándóse en los distintos órganos. Y sin contar tampoco los escritos que los abogados de los litigantes elevan al juez(610.141 en 1994 y 524.231 en 1993). Un total de 9.675 asuntos, de los 78.348 registrados el año pasado, tenían relación con el entorno familiar: divorcios, separaciones, medidas provisionales... De índole hipotecaria -impago de una hipoteca, por ejemplo- se tramitaron 2.064 causas. Tal es el retraso que acumulan desde hace años los juzgados que algunos han precisado ayuda -por las tardes- de otros jueces para poner los casos al día. Son los llamados juzgados bis, que desaparecerán la próxima primavera, según anunció ayer la juez decana.

Nuevas causas

En los meses que van del presente año, la litigiosidad no se ha detenido. Y las cifras sobre registro de asuntos en los juzgados de lo civil son similares a las de anteriores ejercicios.

Hasta ayer, día 11, los 65 juzgados de primera instancia de Madrid habían recibido un total de 76.784 asuntos, según datos oficiales. Entre éstos destacaban 98 quiebras de empresas, 78 suspensiones de pagos, 117 demandas de derecho al honor o a la intimidad; 145 expedientes por atentado contra la propiedad industrial o intelectual, 4.420 expedientes de desahucio y 2.224 órdenes para internamientos psiquiátricos involuntarios de personas.

La litigiosidad azotó también a los matrimonios. Llegaron casi 7.000 asuntos relacionados con separaciones o divorcios (aproximadamente la mitad eran con consentimiento de los cónyuges y el resto con divergencias). Igualmente, han entrado este año en los juzgados 11 demandas para anular otros tantos matrimonios.