Las deudas del Consistorio de Parla estrangulan la gestión municipal
El Ayuntamiento de Parla (73.000 habitantes) debe 500 millones de pesetas a la Seguridad Social por la cotización de sus trabajadores municipales. Esta deuda, denunciada por el PP la pasada semana, ha sido el último eslabón en la cadena de tribulaciones económicas que padece el ejecutivo local socialista en el presente ejercicio. El año 1995 ha sido horrible para Parla en cuanto a gestión se refiere.
La puesta en marcha de la nueva estación de Renfe en el casco urbano ha sido la única noticia agradable entre deudas con empresas, obras paralizadas y desviaciones de fondos. Los vecinos y la oposición, IU y PP, acusan al Ejecutivo socialista de paralizar la gestión municipal con su pésima política económica. Para el equipo de gobierno, sin embargo, es necesaria la unidad para abandonar la difícil situación actual.Tras las pasadas elecciones municipales se ha agravado la crisis económica. El PSOE fue la fuerza más votada, aunque con el mismo número de concejales que IU, nueve. El primer paso de la nueva corporación socialista fue investigar un posible desvío de fondos púbIicos cometido por el PSOE entre 1988 y 1991. El Ayuntamiento recibió cerca de 700 millones del Inem (Instituto Nacional de Empleo) para construir un cámping y 16 viviendas sociales que nunca se hicieron. Se creó una comisión de investigación cuyas pesquisas aún no han concluido. Tras el paréntesis veraniego, el Ejecutivo local se encontró con que la empresa Iberdrola les reclamaba 165 millones de pesetas de recibos impagados desde 1993. Como el Ayuntamiento no ha pagado, la compañía ha comenzado a cortar la luz a las dependencias municipales.
En noviembre, la oposición denunció que el equipo de gobierno había desviado 365 millones concedidos por la Comunidad para obras dentro del plan cuatrienal y 30 millones concedidos por el Ministerio de Educación para pintar colegios. El alcalde, José Manuel Ibáñez, sorprendió a todos al reconocer que él había autorizado el desvío para pagar la nómina de los 576 trabajadores municipales. El propio presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló la ilegalidad del desvío, aunque la Comunidad aún no ha abierto ningún expediente al respecto. Fuentes del Gobierno regional han manifestado que, tras la liquidación en su totalidad del plan cuatrienal, que concluye este año, llegará el momento de investigar la posible desviación.
Términos como malversación, desviación de fondos o prevaricación ya son manejados por IU y PP, mientras que Ibáñez reta: "El que crea que haya delito, que vaya al juzgado de guardia". Las seis asociaciones vecinales más importantes del municipio han remitido una carta a todos los concejales de la corporación en que les acusan de no cumplir su programa electoral. Según el presidente de la asociación La Cantueña, José María Díaz, "Ios tres grupos políticos gastan el tiempo combatiéndose entre sí y no queda tiempo para buscar soluciones".
Demandas por impago
El municipio adeuda 3.000 millones a los bancos por diversos créditos y 2.800 millones a proveedores. Muchas empresas ya han iniciado la vía judicial y han demandado al Ayuntamiento por impago. La deuda supera ya el total del presupuesto del pasado año, que era de 4.400 millones. El último escándalo económico ha sido el impago de 500 millones de pesetas a la Seguridad Social. Esta situación obliga al equipo de gobierno a tener que efectuar ingresos a toda prisa cada vez que un trabajador se jubila o pide la baja para que así pueda recibir la prestación correspondiente. El equipo de gobierno no niega la deuda.Según el concejal de Personal, Carlos Milán, esta situación es común en muchos ayuntamientos. Milán ha matizado que se adeuda la cuota empresarial correspondiente al consistorio, "la cantidad que se retiene a cada trabajador en su nómina ha sido correctamente tramitada".
El alcalde no ha negado ninguna de las acusaciones de la oposición e incluso ha desafiado a los portavoces a que digan en público si ellos no hubieran desviado fondos para pagarlas nóminas de sus trabajadores.
Para el portavoz del PP, Lorenzo Cercós, "eso es un chantaje moral, ya que los empresarios a los que el Ayuntamiento no paga también tienen familias que alimentar". El Ayuntamiento aún no ha aprobado los presupuestos de este año.
Para la oposición es imprescindible una auditoría y la presencia de un equipo gestor que tutele la actividad económica. Para el alcalde, el panorama no es tan negro: "Hay instituciones y empresas que nos deben dinero, y además todo es negociable, siempre desde la situación real del Ayuntamiento".
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