¿Ante quién responde el Poder Judicial?

DE "ERRÁTICA y disparatada" calificó el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, la actuación del juez Moreiras al ser preguntado ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso por la situación en que se encuentra el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, del que es titular dicho magistrado. Sala no eludió la parte de culpa que corresponde al organismo que él preside por su lentitud de reacción y falta de previsión ante la marcha de un juzgado que "todo el mundo sabía que funcionaba rematadamente mal, a excepción del Consejo", como afirmó el diputado de IU Diego López Garrido.Y, sin embargo, no es suficiente un mea culpa de Pascual Sala para zanjar una cuestión, que no sólo provoca recurrentemente la estupefacción de la opinión pública, sino que acarrea perjuicios graves para individuos, empresas e instituciones. Y porque poner fin a actuaciones como la del citado magistrado es precisamente la responsabilidad del Poder Judicial que Sala preside. Su intervención no puede posponerse hasta que la actuación de un determinado juez se convierte en un auténtico escándalo social.

¿Quién determina las responsabilidades del propio Consejo Judicial por esta tardanza? Como dijo el portavoz del Partido Popular en la comisión, Federico Trillo: ¿Ante quién responden ustedes, como gobernantes del Poder Judicial, en un Estado de derecho en que todos los poderes son responsables?". Trillo había dado en el clavo. De dos cuestiones tenía que dar cuenta Sala ante la comisión. De las excarcelaciones de cuatro presos preventivos etarras, luego fugados, y del juzgado de Moreiras, que se ha convertido, por sus retrasos, sus irregularidades y excentricidades, en una especie de patio de monipodio.

El presidente del CGPJ no fue esquivo en la asunción de responsabilidades. También reconoció la de los jueces encargados de la causa de los presos etarras que no controlaron los plazos del sumario, la del Servicio de Inspección del CGPJ que no hizo una investigación "profunda" y la propia personal por la lenta reacción del órgano que preside.

Lo que no hizo Sala fue responder a la pregunta de Trillo: "¿Ante quién responde el CGPJ?". Quizá entendió que es a las fuerzas políticas a las que corresponde contestarla. Porque la pregunta de Trillo de no ser meramente retórica, interpela sobre todo al Parlamento. Es la institución que representa la soberanía popular la que, en todo caso, debe encontrar alguna solución a esa especie de cuadratura del círculo constitucional que es la exigencia de responsabilidades al CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces no es políticamente responsable ante nadie, ni siquiera ante el Parlamento, y sus miembros, elegidos por un periodo de cinco años, no pueden ser relevados de sus cargos sino por agotamiento de su mandato. Y no parece que ese vacío lo pueda llenar el envío de una memoria anual sobre sus actividades al Parlamento ni las esporádicas comparecencias en el mismo de su presidente o de algunos de sus vocales. Sobre todo, si no hay forma de hacerla efectiva en caso de que el Parlamento decida exigírsela.

Ése es el meollo de la cuestión. Pascual Sala ha reconocido determinados fallos del Poder Judicial. Pero ese reconocimiento no deja de ser retórico mientras esa responsabilidad no sea de alguna manera exigible. Pero la pregunta de Trillo no tendría respuesta si, como pretende su partido, se vuelve a un Poder Judicial corporativo mayoritariamente en manos de las asociaciones judiciales, y reducido al mínimo su vínculo con el Parlamento. Un poder que se autogobernara a sí mismo sin responder ante nadie no es admisible en un Estado democrático. Menos si se trata de un poder como el judicial, cuyo órgano de gobierno ha ido asumiendo competencias de política judicial -especialmente, la selección de los jueces- que afectan a todos los ciudadanos.