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EL EX PRESIDENTE del Gobierno navarro entre 1984 y 1991 y líder indiscutible del PSOE en esa comunidad, Gabriel Urralburu, y su consejero de Obras Públicas entre 1987 y 1991, Antonio Aragón, permanecen desde hace varios días en la cárcel bajo la acusación de haberse enriquecido ilícitamente al amparo de la trama navarra del caso Roldán. Una vez más, la justicia ha debido actuar como cortafuegos en un caso de corrupción política ante la increíble incapacidad de otras instancias, institucionales y partidarias, para desactivarlo a tiempo. Gracias a su labor, las iniciales GU y AA, camufladas en los papeles que Luis Roldán pretendió poner a buen recaudo en la caja fuerte de un banco suizo, llevan camino de identificarse con sus personajes de carne y hueso.Hacía tiempo que la sombra del caso Roldán se proyectaba sobre el núcleo de personas que compartieron estrechas relaciones de amistad y de negocios con el que fue delegado del Gobierno en Navarra entre 1983 y 1986 y posteriormente director general de la Guardia Civil. Esa sombra ha terminado por materializarse en un proceso judicial en toda regla contra esos dos dirigentes del socialismo navarro, cuyo primer y espectacular efecto ha sido dar con sus huesos en la cárcel.

La pista suiza, seguida desde hace meses por el juez Perraudin, ha permitido al juez español que investiga la trama navarra del caso Roldán dar un paso significativo: acusar formalmente de corrupción a Urralburu y Aragón (cohecho, prevaricadón, malversación y corrupción de funcionarios) y decretar su prisión preventiva bajo una fuerte fianza de 100 millones de pesetas. Las rasgos del modelo Roldán son fácilmente observables en las actuaciones que la justicia imputa al ex presidente del Gobierno navarro y a su consejero de Obras Públicas: creación de sociedades instrumentales y escrituración de pisos y fincas a nombre de familiares y amigos como tapadera de todo un montaje de cobro de comisiones ilegales a constructoras adjudicatarias de obras públicas (Universidad Pública de Navarra, autovía de Leizarán, etcétera).

De momento, esas imputaciones se basan exclusivamente en indicios. Pero son tan fuertes y abundantes que ni Urralburu ni Aragón han podido desmontarlos en su larga declaración ante el juez. El ex presidente navarro no ha dejado de proclamar su inocencia y de afirmar que "nada ilegal me es imputable". Pero tanto él como su consejero de Obras'Públicas han sido incapaces de dar una explicación mínimamente creíble sobre el origen de su patrimonio. De ellos depende, y de nadie más, que los indicios que relacionan ese enriquecimiento con la percepción de comisiones ilegales no se conviertan en pruebas que les conduzcan hasta el banquillo de los acusados y quizá a la cárcel. Y no de forma provisional como ahora.

Sobre Urralburu y Aragón pende la más grave acusación que cabe hacer a un político en democracia: la de prostituir el mandato popular utilizándolo en beneficio propio y en contra de los electores e intereses generales que representa. Pero, entretanto se dilucida si el que fue todopoderoso presidente del Gobierno de Navarra durante siete años y su consejero de Obras Públicas durante cuatro han saqueado o no las arcas públicas, reconforta que la justicia tome medidas para impedir que esas conductas queden impunes.