Desarticulada la "conexión argentina" del atentado antijudío de Buenos Aires
Los 12 militares y civiles argentinos detenidos el viernes en Buenos Aires integran una banda dedicada a la venta de explosivos y armas, y se investiga su relación con quienes el pasado año volaron con un coche bomba la principal mutua judía de Argentina y causaron la muerte de 86 personas. Escarmentado por anteriores fiascos, el Gobierno se ha pronunciado cauto. No así el comisario Ángel Salguero, jefe de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. "Hemos encontrado la llave de la conexión argentina del atentado", aseguró.
El allanamiento del Batallón 601 de Campo de Mayo, la principal guarnición argentina, y de 12 domicilios particulares permitió la detención de ocho militares, cinco en activo, y cuatro civiles, y la incautación de 100 detonadores, 80 granadas MK2, 60 cartuchos de trotileno, cajas de dinamita, detonadores, siete tubos lanzagranadas, una decena de fusiles FAL y metralletas cortas, credenciales falsas de la Corte Suprema y Policía de Buenos Aires, 35.000 dólares (4,3 millones de pesetas) en efectivo y un kilo de marihuana. Dos de los implicados, los ex suboficiales Juan Carlos Coppe y Jorge Pacífico, fueron dados de baja por su participación en la rebelión carapintada de diciembre de 1990.Todos son de cuidado. El inspector proporcionó alguno de los méritos de la banda. "Este grupo combina varios elementos: extrema derecha, mano de obra desocupada, venta de droga y armas, y asaltos tipo comando". En el atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede judía se empleó explosivo amonal, cuyo manejo. requiere conocimientos, al que se agregó otro material de detonación. El trotileno y la dinamita encontrados en el batallón de Campo de Mayo figuran entre los elementos que pudieron haber sido utilizados en el ataque, según funcionarios en la investigación judicial.
El juez federal Juan José Galeano dispuso el secreto del sumario pero no oculta su confianza en un sustancial avance de las investigaciones. "Por ahora tenemos una banda que vendía armamento robado al Ejército. Es la primera vez que encontramos una pista más o menos firme en el área de los explosivos que pudieron haberse usado en el atentado". El jefe del Ejército, general Martín Balza, admitió haber sido informado previamente de la operación ordenada por el juez para practicar las detenciones, aunque aseguró desconocer las ilegales actividades castrenses de los suboficiales detenidos. Rubén Beraja, principal dirigente de la comunidad judío-argentina, también estaba al tanto.
