El Gobierno cree que Móner instruirá el 'caso GAL' antes de las elecciones y dejará a González al margen

La instrucción del caso GAL por el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Móner está resultando modélica, según fuentes judiciales y fiscales del alto tribunal, que destacan su cautela y "falta de aventurerismo". Basándose en esta actitud del juez y en las hipótesis más probables sobre la evolución del proceso, medios gubernamentales confían en que la investigación quedará cerrada antes de las elecciones de marzo y no irá más allá de la inculpación del ex ministro del Interior José Barrionuevo, por lo que Felipe González quedará excluido. En cambio, en diversas fuentes socialistas existe preocupación por la futura estrategia de defensa de Barrionuevo y por las consecuencias jurídicas de algunas de sus iniciativas.

La confianza del Gobierno en que no es probable la inculpación de su presidente, Felipe González, ni la del ex vicepresidente Narcís Serra y el dirigente socialista Txiki Benegas -sobre todos los cuales, junto con Barrionuevo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón apreció "datos, elementos o indicios" delictivos- se fundamenta en la elevación del caso al Tribunal Supremo y, en buena parte también, en la actuación concienzuda y garantista del actual juez instructor.Fiscales y magistrados del Tribunal Supremo que conocen bien la forma de trabajo de Móner coinciden en que, sin merma de su eficacia y laboriosidad investigadora, sus decisiones inculpatorias serán reflexivas y meditadas, "y siempre posteriores a la comprobación de que la imputación tiene fundamento", según señaló una de estas fuentes.

Recuerdan resoluciones del juez Móner, como la de 26 de mayo último, en la que consideró que la condición de imputado en un delito debe configurarse "sólo cuando el instructor, halle mínimamente fundada la participación de la persona a la que se le haga una. atribución delictiva".

Imputaciones no comprobadas

Fuentes jurídicas socialistas y de la oposición estiman que la investigación realizada por Móner no ha avanzado apenas en la comprobación de las iniciales imputaciones contra Felipe González, Narcís Serra y Txiki Benegas. Ya el juez Garzón, en su exposición razonada al Tribunal Supremo de 28 de julio último, consideró que "los datos [incriminatoriosl son mucho más abundantes", decía, "en un caso [José Barrionuevo] que en los otros [Felipe González, José María Benegas y Narcís Serra]".

Asimismo, el fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Emilio Vez, tras la reunión de la Junta de Fiscales de Sala presidida por el fiscal general del Estado, Carlos Granados, en el escrito de 7 de septiembre, pidió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el suplicatorio para Barrionuevo, dadas las "imputaciones inculpatorias ( ... ) precisas, reiteradas y concordantes".

En cambio, señaló que contra Felipe González existía una "única imputación [la declaración del ex dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea]", "al margen de una vaga alusión [de Julián Sancristóbal]". El fiscal razonaba que, "aparte de ser única y no estar respaldada por ninguna otra prueba, no creemos que reúna las condiciones de verosimilitud y fundamentación mínimamente precisas para adoptar aquella decisión [petición de suplicatorio]".

En cuanto a Serra y Benegas, decía el fiscal, "sólo existen meras suposiciones e hipotéticos juicios de inferencia, con valor puramente personal y totalmente insuficientes para interesar el suplicatorio".

Las declaraciones ante el juez Móner de los procesados en el caso GAL son estimadas por fuentes de la investigación como repetitivas y no acumuladoras de nuevos indicios en lo que se- refiere a González, Serra y Benegas, si bien las mismas fuentes admiten que el coronel Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid, ha sumado sus acusaciones a las del resto de los declarantes.

En todo caso, las fuentes jurídicas del Tribunal Supremo consultadas aseguran que el juez Móner carece de imputaciones mínimamente fundamentadas para inculpar a estos tres aforados e insisten en "el talante nada aventurero" de dicho magistrado.

En cambio, la declaración que, en la próxima semana tendrá que prestar Barrionuevo ante el juez Móner durante varios días -dado el extenso número de partes implicadas-, así como los casi seguros careos del ex ministro con otros declarantes, sí serán capaces de dar un vuelco a la instrución o, por el contrario, de acelerar el cierre de una investigación que ya salió bastante madura de las manos del juez Baltasar Garzón.

Móner está también a la espera de la resolución del conflicto de jurisdicciones planteado por el Gobierno contra la petición por Garzón de documentos del Cesid sobre la guerra sucia.

Permiso denegado

[Por otra parte, el magistrado ha denegado a Ricardo García Damborenea la autorización para abandonar España en el puente de la Constitución y viajar a Alemania para visitar a una hija. La solicitud "no está justificada" en proporción a su situación de imputado, según el instructor, informa Servimedia].

Existe expectación en medios socialistas por la estrategia de defensa que finalmente adoptará Barrionuevo, a quien algunos de sus compañeros consideran "procesalmente incontrolado" e "incapaz de dejarse ayudar".

El ascendiente del ex ministro sobre su joven abogado defensor, Pablo Jiménez de Parga, no asegura, según tales fuentes, una "defensa previsible". Añaden que Barrionuevo no ha cumplido alguno de los compromisos contraídos con sus compañeros, como el de no aparecer en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre, día de la votación del suplicatorio, y relacionan el incumplimiento de su compromiso con la confianza que Barrionuevo tenía de que no fuera concedido.

Los 122 votos contrarios al suplicatorio los ha explicado el diputado socialista José María Mohedano en el deseo de "conciliar el respeto a la función del poder judicial con una actitud de afecto y de cariño hacia una persona bastante admirada".