"Se ha conseguido la ley más liberal posible"

La Ley de Comercio ha superado el trámite del Senado con 239 votos a favor de los 246 emitidos. Solamente el PNV votó en contra. Acude al Pleno del Congreso de los Diputados del próximo día 14 de diciembre con el consenso de PSOE y CIU, con grandes posibilidades de salir aprobada.Pregunta. ¿Cúal es su análisis de un texto legal que ha generado un agrio debate político, económico y social en los dos últimos años?

Respuesta. Es la mejor ley posible en este momento. La política no es aritmética, es un juego de conjunción de intereses sobre una realidad social. A veces hay que tomar medidas no compartidas por todos, pero que deben responder a una realidad social concreta. Se ha intentado conjugar los intereses de los distintos grupos económicos y de los consumidores. Es una ley realista, no debemos caer en utopías. A mí me parece la ley más liberal posible.

P. Pero, ¿no se ha dado un paso atrás en la conseguida liberalización del comercio?.

R. Puede ser. De todas formas, creo que la liberalización del año 1985 no fue lo suficientemente meditada y lo podemos demostrar con encuestas. En el año 1985 nos convertimos en este terreno en el país más liberal de Europa y nuestra realidad social no era esa. En los años 1986 y 1987, con un fuerte crecimiento, no se notaron los efectos, pero al llegar la crisis de 1990 los problemas salieron a relucir en las estructuras comerciales y en la competencia.

P. ¿Estamos ante un sector muy sensible o muy anquilosado?

R. Hay que pensar que en el sector del comercio trabajan dos millones de personas y que 1,9 millones lo hacen, en el pequeño comercio. Es un sector muy sensible socialmente, y no se puede plantear una reconversión salvaje porque es inasumible. De todos modos, insisto, hemos hecho la ley más liberal posible para que pueda ser asumida por la sociedad española en estos momentos.

P. ¿Hemos perdido la posición de vanguardia de Europa en cuanto a liberalización o todavía no?

R. Seguimos estando muy por encima de la realidad de Francia, Alemania e Italia, y estamos un poco por detrás del Reino Unido, tras la nueva legislación comercial que han aprobado. Pero creo que es una buena posición que quizá no se consiga al comparar otras facetas con los países punteros de la Unión Europea.

P. El PNV ha amenazado con llevar el texto al Tribunal Constitucional por invasión de competencia con su Estatuto, ¿Qué opinión le merece esto?.

R. El PNV está en su derecho si recurre la ley, pero creo que hemos sido rigurosamente respetuosos con las competencias de los Gobiernos autónomos, y así lo han reconocido el resto de los grupos.

R. Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de que el Gobierno central, en el 2001, negocie con cada comunidad autónoma un retraso en la libertad total de horarios si la realidad social así lo aconseja.

R. Los horarios han sido el gran escollo que ha retrasado mucho tiempo el texto. Creo que hemos llegado a una solución válida, negociada, que nos permite abordar en el 2001 la libertad total con las excepciones que se verán entonces. El comercio está evolucionando muy deprisa y para entonces considero que la realidad se impondrá. Ahora, no hemos querido imponer una libertad de horarios con una buena parte de la opinión en contra. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nos ha demostrado que la opinión de los consumidores está dividida al 50% sobre la libertad total de horarios.

P. El Senado ha incorporado una enmienda sobre las rebajas que ha vuelto a encender la polémica.

R. En el texto que llevamos el PSOE y CiU no se precisaba que las rebajas de invierno no podían comenzar hasta el 1 de enero. El PP ha incorporado esta enmienda y ha sido admitida. No creo que nadie le haya presionado, sino que así lo ha entendido ese grupo. El Senado también tiene su papel legislativo. Creo, además, que los pequeños comerciantes están en su mayoría a favor de que las rebajas no comiencen hasta el 1 de enero. ¿Era necesario precisar tanto el calendario de rebajas? Nuestro grupo no lo creyó así, pero es una ley de todos.

P. ¿Podemos decir que ha terminado la pesadilla de Galerías-Preciados 20 años después?

R. Yo creo que sí. Se ha resuelto una crisis empresarial de más de 20 años, y entiendo que de forma definitiva. No ha sido como otras veces, una cataplasma, sino una resolución final y con un coste social mínimo, porque se han salvado más del 75% de los empleos. Y se ha resuelto porque todas las partes han cedido partes de sus legítimos derechos, acreedores, bancos, trabajadores y Administración. Hemos remado en la misma dirección y ahí está el resultado.

P. ¿Cuál ha sido el coste total para el Estado?

R. Si sumamos las quitas que han hecho la Seguridad Social, Hacienda y el Instituto de Crédito Oficial, la cifra se acerca a los 20.000 millones de pesetas. Pero también hay que decir que con la resolución de la crisis el Estado ira a recuperar una cifra cercana a esos 20.000 millones entre la deuda que ha hecho la empresa con Hacienda y Seguridad Social después de la suspensión de pagos (11.000 millones) y que ahora se cobra, el IVA de los edificios (5.000 millones) y la parte que le corresponde del convenio de acreedores (unos 3.000 millones). Ha sido la solución

P. ¿Se ha hecho alguna concesión o promesa futura a El Corte Inglés con adquirir Galerías?

R. Absolutamente ninguna. Las negociaciones han sido muy duras pero muy francas. Ambas partes han puesto todo sobre la mesa. Nosotros queríamos un precio cuanto más alto mejor, y ellos, como es lógico, al contrario. Ha habido momentos duros, y, por supuesto, se han pasado días de desasosiego. Pero lo más duro era cuando no había ninguna oferta concreta y 7.200 trabajadores reclamaban en la calle una solución urgente. Una vez que El Corte Inglés presentó su oferta, ha habido que ser muy riguroso en el cumplimiento de las condiciones de la oferta. Todas las partes se han sacrificado y el acuerdo fue posible.

P. ¿El Tribunal Constitucional puede echar abajo la Ley de Cámaras de 1993?

R. Efectivamente, esperamos una importante sentencia del Constitucional sobre la obligatoriedad del pago de las empresas a las cámaras. Si al final declara la inconstitucionalidad, habrá que retocar la ley en los aspectos necesarios. De todas formas, hemos elaborado un plan económico para que las cámaras cumplan mejor su papel en fomento de la exportación y formación con unas cuotas más ajustadas a la realidad. El momento actual de incertidumbre de estas entidades se ha salvado con el aval del Estado por 10.700 millones, y esperemos que no haya que prorrogarlo para el año próximo.

P. ¿Cómo se va a cerrar el año turístico tras el nerviosismo del pasado verano?

R. Aunque tan sólo conocemos datos de los nueve primeros meses, se puede estimar que el año se cerrará con un crecimiento del 3% en número de turistas y de casi un 9% en ingresos. Estos datos son espectaculares si recordamos que el pasado año fue el año récord. Es cierto que el turismo británico tuvo un comportamiento extraño en julio. Eso hizo que se fomentaran las ofertas y viniera un turista con menor poder adquisitivo que ha perjudicado sobre todo a los restaurantes.

P. ¿Han definido el futuro de Paradores Nacionales?

R. Sí. Se desinvertirá en aquellos paradores que no sean edificios con valor monumental o ecológico. Tenemos el proyecto de crear un grupo inmobiliario con participación privada para explotar edificios singulares en la línea del turismo de calidad. Este proyecto puede ser una realidad en el primer trimestre de 1996 y supone un salto adelante en un organismo que camina hacia una gestión de tipo privado.

P. ¿A qué se debe el retraso en la elaboración de la nueva ley de los créditos FAD?

R. La elaboración sobre la normativa sobre los créditos FAD ha coincidido con el Proyecto de Ley de Cooperación y eso ha retrasado el texto porque es necesario que ambos textos vayan sincronizados. Ha habido que pedir un informe al Consejo de Cooperación y las ONG han hecho algunas precisiones porque no les satisface. Comprendo sus razones, pero hay que entender que su planteamiento es un tanto utópico. Y digo esto porque no se puede pretender que España lidere los fondos de cooperación, cuando tan sólo hace 15 años éramos un país que recibíamos fondos de ayuda al desarrollo. Tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades, porque, en cuanto a nivel de renta, somos de los más bajos de los países que aportan esos fondos. Además, el objetivo primario de los créditos FAD es el fomento de las exportaciones de las empresas españolas a países en vías de desarrollo.