El fiscal retira los cargos contra el editor Javier Godó por las escuchas ilegales de Barcelona

El editor de La Vanguardia, Javier Godó, y su secretaria, Gemma Guillén, fueron exculpados ayer de cualquier responsabilidad en el caso de las escuchas ilegales de Barcelona por el, fiscal del caso, José María Mena. El fiscal modificó su criterio respecto a la participación de Godó y su secretaria en los pinchazos supuestamente realizados por su equipo de seguridad y les liberó de las acusaciones de escuchas ilegales y de falsedad en documento. Pese a la exculpación del fiscal, que antes pedía para ambos penas de tres meses de arresto por cada uno de los seis pinchazos y cinco años de cárcel por la falsedad, tanto el editor como su secretaria deberán seguir en el banquillo hasta que finalice el juicio ya que una acusación particular, la ejercida por Manuel Martín Ferrand, no retiró la acusación. Martín Ferrand sigue responsabilizando al editor de La Vanguardia del seguimiento del que fue objeto cuando era director de Antena 3 y por ello pide 25 millones de pesetas. El editor manifestó su satisfacción por la exculpación y señaló que había sido víctima de una guerra entre grupos de Interior y del Cesid.La modificación del fiscal es simple pero determinante. Hasta ayer mantuvo que fue Godó el que ordenó a su equipo de seguridad, dirigido por el coronel del Cesid Fernando Rodríguez y el ex infiltrado en ETA Miguel Ruiz, El Lobo, la realización de las escuchas ilegales por temor a deslealtades de personas que formaban parte de su grupo.

En la nueva calificación de los hechos, Mena sostiene que el editor sí les encargó la obtención de información, pero no con el método supuestamente utilizado: los pinchazos. "No consta que Javier Godó ni Gemma Guillén ordenaran, conocieran ni consintieran este método de actuación. Las cintas así grabadas eran retiradas, obteniendo así un importante acervo informativo a utilizar para sus propios fines", relata el nuevo escrito de acusación.

Filtraciones a la prensa

El fiscal sigue manteniendo que El Lobo y otro de los acusados colocaron micrófonos, por orden de la secretaria de Godó y a instancias del editor; en varias dependencias: en el despacho del editor, en el de su secretaria y en un comedor. "El objetivo de dichos emisores era poder grabar las conversaciones que se mantuvieran y que se consideraran de interés". Mena ha retirado el cargo de falsedad en documento, formulado por la utilización de una sociedad fantasma -Aquarius Internacional-, por entender que ni Godó ni su secretaria intervinieron en ello.

Por otra parte, el responsable de la investigación policial del caso, el ex comisario de información de Barcelona José Domingo Río, reconoció ayer al declarar ante el tribunal que hay transcripciones de las escuchas ilegales en el sumario "que no se corresponden con las cintas originales". El comisario explicó que las sospechas de que El Lobo y el coronel Fernando Rodríguez podían constituir un grupo terrorista -origen del caso de las escuchas de Barcelona- se centraron en varios aspectos. Un motivo es que se creyó que esa trama podía haber filtrado datos personales del juez Baltasar Garzón a la prensa para facilitar información a ETA y atentar contra el magistrado. Otro aspecto señalado por el comisario: se relacionó a El Lobo con una extorsión sufrida por un odontólogo en nombre de ETA hace años. El Policía reconoció, no obstante, que de esa hipótesis no se decía nada en los informes que entregó al juez de la Audiencia Nacional: "Fue un fallo de informática", se justificó. Un tercer motivo es que se dedujo que El Lobo podía estar relacionado con varios atentados no reivindicados por nadie. Otro detalle que, según dijo el comisario, indicaba que la supuesta trama podía ser un grupo terrorista fueron los pinchazos sufridos por el director de RTVE, Enric Sopena, y por Iniciativa per Catalunya. Río reconoció que en esas fechas -otoño de 1992 - había "otros grupos" y empresas en Barcelona que realizaban escuchas ilegales, y al ser interrogado por una concreta, la de Francisco Álvarez -implicado en el caso GAL-, dijo: "No puedo contestar porque sería una imputación".