Francia en Maastricht

El primer ministro de Francia, Alain Juppé, se tambalea bajo los golpes que le propinan los empleados de los servicios públicos y los estudiantes de las universidades públicas, porque estos privilegiados rechazan, en lo que les toca, el recorte del gasto público que conllevan los criterios de Maastricht. Estos disturbios no son una rareza de Francia, país culto y próspero pero sujeto a revueltas revolucionarias como las de Mayo del 68. Son síntomas de una enfermedad de nuestras democracias: la utilización del voto popular en defensa del privilegio social. Francia se ha comprometido políticamente a entrar en la Unión Monetaria en 1999. Para ello tiene que haber. cumplido a finales de 1997 los cuatro criterios del Tratado de la Unión Europea, incluido el de no permitir que el déficit presupuestario pase del 3% del PIB. En estos momentos es equivalente a un 5%. La suma de tal déficit a reducir en dos años, tanto con un aumento de impuestos y contribuciones, como con una reducción del gasto, se eleva a 154.000 millones de francos, equivalentes a 3,86 billones de pesetas. No es moco de pavo la tal reducción. Se han declarado en huelga los sindicatos del transporte por aire, tierra y mar (transporte que, con excepción del automóvil, la bicicleta y el tranvía de San Fernando es, para desgracia de Francia, público). No consienten esos trabajadores que, para reducir el gasto público, se toquen sus derechos de jubilación ni sus condiciones de trabajo; y se han convertido además en abanderados del servicio público de salud, que monsieur Juppé quiere cueste menos al Estado.Otros empleados también públicos, como los de Correos y los de Éléctricité de France, secundan la huelga.Los estudiantes de la Universidad pública se han lanzado a la calle para reclamar un plan de ayudas de 2.000 millones de francos destinado a aumentar el número de aulas y de profesores, en vez de los 200 millones que ofrece el Gobierno. Naturalmente no hablan de un aumento de tasas para pagar el incremento del gasto. Ya saben mis lectores que cuando digo "público" quiero decir "del público". Al parecer , los sindicatos franceses no saben que la electricidad, el correo, las líneas aéreas, los ferrocarriles o las universidades en cuestión, pertenecen al público y no a los sindicatos ni a los alumnos, excepto en la medida en que contribuyan a su mantenimiento pagado por los servicios que reciben. Les tranquilizará saber que, en mi opinión la actitud de todos estos privilegiados no se debe a su maldad intrínseca. Se debe a que están acostumbrados a la idea de que esos privilegios son "conquistas del proletariado", derechos que les debe la sociedad. Creen, por ejemplo, que el Estado francés, es decir los contribuyentes, tienen la obligación de cubrir el déficit de la Seguridad Social por insuficiencia de cotizaciones, déficit que suma la no despreciable cantidad de 250.000 millones de francos, unos 6 billones y medio de pesetas.

Las condiciones de Maastricht buscan imponer una limitación, por así decirlo, constitucional a las transferencias gratuitas del dinero de los contribuyentes a grupos con especial poder político. En ese sentido, son un intento de atar las manos del poder que las minorías ejercen por el deseo de los políticos de reunir votos. Los Gobiernos deben derivar su poder de la voluntad popular. La tragedia de las democracias modernas reside en que nadie en el fondo quiere que los, impuestos (o lo que a la postre es lo mismo, la inflación y la deuda pública) aumenten sin parar para que engorden, no los desvalidos de la fortuna, sino los grupos de presión que no padecen tanta necesidad. No me digan, por favor, que los empleados de las empresas públicas viven peor que sus pares del mundo del trabajo, ni que los universitarios que mejoran su capital humano a costa de los impuestos de la gran mayoría inculta, son unos desheredados de la fortuna. Como creo que los ciudadanos podrían entender esto si se les explicara, lamento la campaña electoral populista con la que monsieur Chirac consiguió ser elegido presidente. Y lamento que, por falta de claridad del proceso electoral, tengan que venir de fuera a dictarnos nuestra obligación, sobre todo por el peligro de que hagamos huelga contra la Fräulein de Bruselas.