El ex director de la Policía dice que no investigó a los GAL porque los atentados eran en Francia

Rafael del Río, director de la Policía de enero de 1983 a noviembre de 1986, declaró ayer en la comisión GAL del Senado que nunca supo nada sobre la creación, financiación y funcionamiento de este grupo terrorista, ya que investigar atentados cometidos en Francia no era de su competencia. La comisión escuchó ayer tarde a puerta cerrada a los tres primeros comparecientes: Rafael del Río y los dos investigadores del caso Lasa-Zabala, el comisario Enrique de Federico y el general Francisco Fuentes. Estos dos últimos exhibieron un escrito del juez Carlos Bueren para no revelar datos de la investigación.

Rafael Del Río, actual jefe de Seguridad de Iberia, afirmó que la policía española nunca investigó a los GAL, ya que este grupo cometía sus atentados en Francia y ningún juez ni fiscal le reclamó en la época que lo hiciera ni fue llamado entonces al Parlamento para informar sobre el tema.No obstante, agregó, la policía española actuó a petición de las autoridades del. país vecino y detuvo en Irún, en marzo de 1984, a un comando acusado del asesinato de Jean Pierre. Leyva, a pesar de que la policía francesa no actuaba del mismo modo y no detenía a los comandos de ETA que cruzaban la frontera tras atentar en España.

El ex director de la policía afirmó que en las reuniones semanales de coordinación que, bajo la presidencia de José Barrionuevo, celebraba con los responsables de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil o el Cesid nunca se habló de los GAL ni de la guerra sucia.

El senador de IU Álvaro Martínez aseguró que Del Río descargó en Rafael Vera, entonces director de la Seguridad del Estado, la responsabilidad por los asuntos que se le planteaban. El portavoz del PSOE, Bernardo Bayona, indicó que el compareciente sólo tuvo palabras de elogio hacia Vera, con quien viajó a Francia para conseguir la colaboración de sus autoridades.

Responsabilidades desviadas

Algunos senadores socialistas interpretaron que la guerra sucia sólo acabó cuando el PSOE tomó él control del aparato policial, mientras que parlamentarios populares pusieron el acento en que Del Río desviaba la responsabilidad hacia el aparato político -gobernadores civiles y altos responsables- de Interior.

Del Río reconoció que autorizó el viaje de José Amedo a Portugal, donde contrató mercenarios, pero dijo que el objeto de los desplazamientos sólo es conocido por sus inmediatos superiores y que, en sus más de 20 años de carrera, sólo se ha interesado por los resultados de las operaciones y no por los pasos intermedios.

También recordó que él no disponía de fondos reservados y 'negó incluso haber tenido conocimiento previo del secuestro frustrado del etarra José María Larretxea, en octubre de 1983, pese a fueron detenidos varios policías españoles e Interior lo sumió oficialmente.

Tras Del Río les llegó el turno a los investigadores del caso Lasa-Zabala: el comisario general de Policía Judicial Enrique de Federico y el jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, general Francisco Fuentes. Ambos mostraron un escrito del juez de la Audiencia Nacional Carlos Buerefi, instructor del sumario por la desaparición y muerte de los presuntos etarras Juan Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en el que les advertía' que podrían incurrir en grave responsabilidad si revelaban algún dato de la investigación, sometida a secreto judicial.

De Federico sólo declaró que la investigación les fue ordenada por la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, y que están a punto de entregar al juez un segundo informe con indicios sobre los autores del crimen. No obstante, no quiso contestar, amparándose en el secreto, cuando IU y el PNV le preguntaron sobre la posible implicación de agentes del cuartel de la Guardia Civil de Intaurrondo.

"No va a salir nada"

El socialista Bernardo Bayona subrayó el hecho de que Bueren haya tenido que intervenir para impedir que la investigación parlamentaria interfiera en el procedimiento judicial. "Deberíamos ser prudentes sobre otros procedimientos que están en manos de los jueces", agregó. Por su parte, fuentes parlamentarias del PP manifestaron que, "si esto sigue así, de esta comisión no va a salir nada".

El PSOE propondrá probablemente en la reunión que celebra la comisión GAL el jueves, que se suspenda la comparecencia de Barrionuevo, prevista para el día 5, tras la concesión por el Congreso del suplicatorio.

El Grupo Catalán, que en su momento votó por llamar al ex ministro, también es partidario de suspender la citación. El portavoz del PNV, Joseba Zubía, indicó que, si el asunto se somete a votación, se pronunciará en contra de que acuda Barrionuevo, aunque sin descartar que se le llame más adelante. PSOE, CiU y PNV tienen mayoría, por lo que es muy probable que la citación se anule.

El viernes por la mañana comparecerán, también a puerta cerrada, los ex mandos del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano y Santiago Bastos. La decisión de que tanto las declaraciones de ayer como las de los antiguos agentes del Cesid tengan carácter secreto la adoptó ayer la comisión con la abastención de Coalición Canaria y el PNV, y el único voto en contra de IU.