Industria acusa a Bruselas de exigir a la inversión en Iberia el doble de rentabilidad que al sector

La Comisión Europea exige a las inversiones en Iberia una rentabilidad que dobla la media del sector, según el Ministerio de Industria. Bruselas está dispuesta a admitir que las inversiones de Teneo en la compañía no sean consideradas ayuda pública siempre y cuando alcancen un umbral de rentabilidad del 40%, cuando la media del sector se sitúa en tomo al 20%, siempre según la parte española. La Comisión ni desmiente ni confirma estas cifras, ni tampoco que esté dispuesta a aceptar una ampliación de capital de 75.000 millones cuando Iberia se haya desprendido de Aerolíneas.

Ambas partes han acercado posiciones en los últimos días, al menos en lo que se refliere al método de negociación. Eso permitirá que el próximo miér coles el comisario de Transportes, Neíl Kinnock, presente a sus colegas del Colegio de Comisarios lo que Bruselas denomina "una posición común". Es decir, la filosofia global del acuerdo, pero no las cifras defi nitivas. Ese es el mensaje que tantas veces ha anunciado el ministro español de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, para "antes de fin de mes". El acuerdo definitivo, sin embargo, difícilmente podrá ser aprobado antes de mediados de diciembre: o el día 13, en vísperas del Consejo Europeo de Madrid, o el 20, en la última reunión de los comisarios antes de las vacaciones de Navidad.España ha aceptado la "posición común" a regañadientes. Ésta no es otra qué la decisión de aparcar la vía de ayudas públicas y acogerse a la de sanear la compañía para conseguir que sea una empresa competiviva y pueda, en consecuencia, recibir inversiones de capital de su accionista, al margen de su condición de público o privado. Eso obliga a desprenderse de su filial Aerolíneas Argentinas, una inversión ruinosa para la compañía española que se realizó tanto con criterios de expansión comercial hacia las rutas de América Latina como por imposición política del Gobierno en favor de la República Argentina. Todas las grandes compañías eviropeas están en el mercado lationamericano, pero sólo Iberia lo ha hecho a través de la compra de acciones en lugar de acuerdos comerciales. Industria ha aceptado la venta, a pesar de que comporta un problema político Con Argentina. El precio de venta es muy inferior al de compra, pero abre las puertas para que la Comisión considere desde ese momento que Iberia es competitiva y puede recibir una inyección de capital de su accionista. Aquí es donde empiezan las disensiones de estos días. Industria, a través de Teneo, quiere invertir 138.000 millones de pesetas a partir de un coeficiente de rentabilidad ligeramente superior al 20% "y situado algo más arriba de la media del sector", según fuentes del ministerio. La Comisión considera que la inversión máxima que se puede considerar aceptable dada la situación de la compañía es de 75.000 millones. El resto, según Bruselas, serían ayudas públicas camufladas. Para la parte española, ese criterio oculta en realidad la voluntad de exigir a la inversión de Teneo en Iberia "una rentabilidad del 40%, el doble que en el sector". Bruselas ni confirma ni desmiente estas cifras. "Todo está en función de muchas variables, y cuando modificas una alteras las restantes", matizan en la Comisión.

Industria atribuye la dureza de este criterio a las enormes presiones que está recibiendo la Comisión tanto por parte de otros gobiernos como, sobre todo, por algunas compañías aéreas. Y muy específicamente la ¡inglesa British Airways, adalid de la gestión privada y muy interesada en quedarse con algurios activos de Iberia en el caso de que la compañía española de bandera se viera aboca-, da a la quiebra.

El Ministerio de Industria está dispuesto a invertir en Ibería en torno a los 130.000 millones, aunque la Comisión autorice una cifra inferior. Así se lo hizo saber Juan Manuel Eguiagaray tanto al comisario Kinnock como a Marcelino Oreja, comisario español del Partido Popular. El ministro considera que es "absolutamente falso" que haya requerido la mediación de Oreja para conseguir el apoyo del PP en esta estrategia, que podría volverse contra el Gobierno español -que para entonces puede ser del PP- al cabo de los años si el Tribunal de Luxemburgo considera que la inversión de capital camufla una ayuda de Estado contraria a la libre competencia.