Detenido otro empleado de Telefónica por la supuesta red de escuchas ilegales

Un empleado de Telefónica, Vicente Genárez Fernández, fue detenido por la policía a última hora de la noche del viernes por su supuesta relación con escuchas ilegales. Genárez fue el octavo detenido en una redada policial realizada en Barcelona en la que fueron arrestados la propietaria de la empresa de detectives Método 3, Marita Fernández-Lado, su marido, Francisco Marco Pulluelo, y otros tres detectives más. Los otros dos arrestados -Sergio Sancelestino Vicente y José Manuel Palomar Vinuesa- también son empleados de Telefónica.La acusación formulada inicialmente contra Genárez Fernández, de 33 años, es la misma que afecta a los restantes detenidos: violación del secreto de las comunicaciones. El caso se destapó por la denuncia presentadapor la propia Telefónica al detectar ciertas anomalías.

Durante el día de ayer, la policía tomó declaración a los arrestados, que pasarán a disposición Judicial el próximo lunes. La propietaria de la empresa, Marita Fernández-Lado, fue detenida en la plaza de Francesc Macià. La localizaron cuando iba a entregar unas cintas magnetofónicas. Las grabaciones correspondían al teléfono de una empresa situada en el número 89 de la calle de Balmes. La mujer explicó a los policías que un empresario, apellidado Masramón, le encargó una investigación sobre otro empresario del que sospechaba competencia desleal. Se trataba de un ex socio que, al parecer, se había comprometido a no dedicarse a la misma actividad en un plazo de dos años.

Llamadas al 003

Las sospechas de que el pacto no se cumplía llevaron al empresario a contratar a los detectives. En los pinchazos del número constan, al menos, tres llamadas al servicio de información de Telefónica y una cuarta a una empresa alimentaria. Ayer, también fue interrogado el marido de la

propietaria de la agencia, Francisco Marco, a quien no le preguntaron sobre pinchazos. Otro de los arrestados, Fernando Fernández-Lado, quedó en libertad.

La policía analizó ayer parte del material confiscado: cintas magnetofónicas que contenían las conversaciones intervenidas, discos de ordenador e informes. En los registros, la policía también halló dos pistolas, un revólver y munición diversa. Los agentes intervinieron un automóvil y una motocicleta de alta cilindrada equipada con sistema de recepción y grabación.

Fuentes cercanas al caso apuntaron que la red se dedicaba principalmente a investigaciones empresariales y descartaron que entre las hipotéticas víctimas de la red haya personalidades del mundo político o judicial. La misma opinión tienen personas conocedoras del peculiar comercio de compra venta de información personal y privada, que tuvo un especial auge en la capital catalana entre 1992 y 1993.

Método 3 se dedica, sobre todo, a investigaciones de cuestiones de pólizas de seguros y riesgos. Los investigadores han inculpado a Joaquín Turrado, policía en excedencia que colabora actualmente en Método 3 después de haber estado en otra agencia, ISDS, fundada por Juan José Folchi, abogado de Javier de la Rosa.

La policía estima que por cada pinchazo se cobraban cinco millones de pesetas, cantidad considerada alta en comparación con lo que se solía cobrar por trabajos parecidos hasta ahora. Una de las cosas que ha podido influir en el mayor precio es el endurecimiento de las penas en el delito de grabaciones ilegales. En diciembre de 1994 se introdujo una reforma por la que estos delitos pasaban de estar sancionados con penas de arresto mayor -de un mes a seis meses- a prisión menor, es decir, de seis meses a seis años de cárcel.