Los socialistas aseguran que se aprobarán 23 leyes antes de la disolución de las Cortes a final de año

El rechazo por el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado provocó, desde la oposición, una avalancha de peticiones de dimisión del Gobierno y disolución de las Cortes. El propio presidente del Ejecutivo, Felipe González, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia, han apoyado la negativa a esta petición en el trabajo legislativo que queda por realizar hasta el 31 de diciembre. La dirección socialista en el Congreso asegura que se aprobarán 23 leyes antes de esa fecha, alguna calificada de "trascendental", como el Código Penal.

Otros proyectos los califican de "muy importantes", como las ayudas a víctimas de delitos violentos, la asistencia jurídica gratuita, la ley de comercio o la de reforma del impuesto de sociedades.Los socialistas pretenden un doble objetivo. El hecho mismo de aprobar un amplio paquete legislativo como justificación de su negativa a disolver, y, además, lanzar el mensaje de que el Grupo Popular "se queda solo" en votaciones fundamentales -Código Penal, jurado- mientras el resto de la Cámara apoya estas leyes. Esa actitud, según la dirección del Grupo Socialista, haría patente que el Gobierno no ha perdido el apoyo del Parlamento y que puede seguir gobernando.

La tarea legislativa puede agruparse en cuatro grandes apartados: el Código Penal, con entidad propia como pieza clave del reinado socialista; un paquete de asuntos relacionados con la justicia, como la ley del menor o la de asistencia jurídica gratuita; un tercer grupo dedicado a la televisión y las telecomunicaciones, y el económico-fiscal, con la ley de comercio y la de sociedades.

El próximo miércoles se iniciará la ofensiva legislativa con la aprobación definitiva de siete proyectos de ley en el Congreso para enviarlos al Boletín Oficial del Estado: Código Penal; reforma de la Ley del Jurado para que entre en vigor el día 23, a la vez que el texto original; participación, evaluación y control de centros docentes; el parque natural de Cabañeros la reorganización del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), un proyecto de impuestos especiales y la ley que crea un fondo para prevenir y luchar contra la droga con bienes decomisados del narcotráfico.

En el pleno del 21 al 23 se aprobará en el Congreso la Ley de Protección Jurídica del Menor, y se asegura que estará lista para su aprobación definitiva en diciembre, tras pasar por el Senado. La misma previsión hace el Grupo Socialista para modificar la Ley de Régimen Local en lo que respecta al padrón municipal.

Por esas mismas fechas quedará lista, según estas previsiones, la regulación del voluntariado en nuestro país, que se debate en comisión con competencia legislativa plena, por lo que irá directamente el Senado. También debatirá el Congreso una ley de control de sustancias químicas para evitar su uso como narcóticos.

A lo largo del mes de noviembre, el Senado debatirá la ley de contrabando, la de comercio interior, el impuesto de sociedades, el proyecto de ley que regula las ayudas a víctimas de delitos violentos, la abolición de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar incluso en tiempo de guerra, la reducción de seis a tres años en la edad de los menores que pueden convivir en la cárcel con sus madres presas; la asistencia jurídica gratuita; la regulación de la publicidad en las televisiones locales; la de televisión por satélite; las telecomunicaciones por cable, además de una modificación de la Ley de Patrimonio Nacional para aumentar la protección del monte del Pardo y un proyecto para incrementar la participación española en el Banco Asiático de Desarrollo.

Se trata de un grupo de proyectos de importancia muy desigual que aprobará el Congreso, definitivamente, a lo largo del mes de diciembre.

Junto a la tarea legislativa, el Grupo Socialista advierte que deben celebrarse tres grandes debates: las resoluciones sobre el Plan Director de Infraestructuras (PDI), tras un año de comparecencias y debates en el Congreso; el de política de paz y seguridad para sustituir el decálogo que se aprobó en 1984, y el libro blanco sobre política industrial.